De acuerdo con el mandatario, «llegará el momento en el que habrá diálogo» con la Casa Blanca.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su Gobierno no entablará ningún diálogo con los sectores extremistas de la oposición encabezados por la dirigente María Corina Machado, al tiempo que abrió la puerta para eventuales negociaciones con EE.UU., en el entendido de que esos grupos derechistas venezolanos son dirigidos por Washington.
«No hay negociación de ningún tipo ni con el fascismo ni con la fascista (Machado). No hay ni habrá ni con la fascista ni el fascismo, punto. Aquí hay diálogo democrático, y en el futuro lo habrá, como siempre, con los dueños de la derecha fascista», sostuvo el mandatario en su programa Con Maduro +, tras ser preguntado sobre si la reciente liberación de más de 200 personas que participaron en la violencia que se desató tras su triunfo en los comicios del pasado 28 de julio, hacía parte de un proceso de negociación más amplio.
Afirmó asimismo que «llegará el momento en el que habrá diálogo» con la administración estadounidense y recalcó que no está «apurado». «Dejemos que en el Norte suceda lo que va a suceder y, nosotros, en el Sur, sigamos haciendo lo que tenemos que hacer», completó.
La semana previa, Maduro instó a los órganos de administración de justicia de su país a revisar las causas de las personas apresadas en el contexto de las manifestaciones violentas de finales del pasado julio, que se saldaron con 28 personas asesinadas, cientos de lesionados y numerosos daños a infraestructuras públicas y privadas.
Días más tarde, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que su despacho sometería a revisión las causas de 225 personas encarceladas durante los disturbios postelectorales.
«La feliz liberación de estos 225 venezolanos y venezolanas fue una iniciativa entre el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez; y mi persona, en la búsqueda de la justicia», aclaró, al tiempo que descartó la declaración de una «amnistía general» porque ello atentaría contra la posibilidad de sancionar a quienes cometieron delitos graves.
