La compañía había expresado su preocupación por un decreto del Gobierno español que incluye nuevos requisitos que «generan confusión» y «cargas administrativas adicionales».
La multinacional pionera en el sector de alquiler turístico Airbnb está presionando a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona en un intento por detener las políticas de restricción sobre las licencias de alquiler vacacional que amenazan su modelo de negocio.
«Airbnb solicita que su Gobierno se replantee el enfoque de las políticas turísticas y de vivienda […], a fin de encontrar soluciones reales al problema de la vivienda y del turismo de masas», escribió la directora de políticas públicas y campaña para España y Portugal de la empresa, Sara Rodríguez, en una carta abierta dirigida al alcalde barcelonés, Jaume Collboni. Según medios locales, un escrito similar recibió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
La compañía anteriormente expresó su preocupación por un decreto real que incluye nuevos requisitos que «generan confusión» y «cargas administrativas adicionales» innecesarias a los anfitriones que desean compartir sus viviendas.
Airbnb señaló que la propuesta española «se desvía» del propósito de la Unión Europea (UE) que busca un intercambio de información entre gobiernos. Además, puso como ejemplos los casos de Nueva York y Escocia, en donde las restricciones se han visto reflejados en precios más altos para los turistas. Por otro lado, destacó que Portugal se ha beneficiado del turismo al eliminar las restricciones a los alquileres de corta duración.
Proyecto de Real Decreto
En octubre, el Gobierno español dio a conocer el Proyecto de Real Decreto que busca crear una ventanilla única digital para regular los alquileres temporales. La medida regulatoria recabará datos sobre los servicios de alquiler para perseguir el fraude de los alojamientos temporales en toda Europa, permitiendo el intercambio de información con portales de la UE.
Se espera que la ventanilla digital esté lista a partir de 2025 para controlar la comercialización de viviendas ilegales, puesto que no podrán operar sin un número de matrícula entregado por el Registro de la Propiedad que tendrá una vigencia de 12 meses, detalla EFE.
España atraviesa un déficit habitacional y busca medidas para que los ciudadanos no destinen más del 30 % de sus recursos al alquiler. Cada año crece el número de nuevas viviendas, pero no son suficientes, por lo que el precio se eleva ante la necesidad.
