Roma, 4 nov. El gobierno italiano prevé reiniciar a partir de hoy el envío de inmigrantes interceptados en las costas de este país hacia centros de acogida habilitados en Albania, rechazado por tribunales, organizaciones humanitarias y partidos opositores.
Un reporte divulgado en el sitio digital informativo del canal televisivo Sky TG24 señala que el buque Libra, de la Armada de Italia, ya está listo para comenzar los traslados luego de que a mediados de octubre último una decisión judicial ordenó el regreso de los primeros 16 inmigrantes llevados a esa vecina nación.
El secretario del partido +Europa, Riccardo Magi, expresó al respecto en declaraciones a la prensa que “los centros de inmigrantes en Albania son caros, inhumanos y contrarios a la legislación europea”.
“A pesar de esto, el gobierno sigue avanzando abriendo deliberadamente un choque con el poder judicial y arrojando al mar cientos de millones de euros de ciudadanos italianos. Nos opondremos por todos los medios a esta masacre», añadió Magi.
El pasado 18 de octubre la sección de derechos personales e inmigración del Tribunal de Roma falló contra la detención por Italia de inmigrantes, para su repatriación, en un centro habilitado por el gobierno de este país en Gjader, Albania
Esa decisión se adoptó “en aplicación de los principios establecidos en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 4 de octubre de 2024”, que impide reconocer los Estados de origen de las personas detenidas, como países seguros para la repatriación, indicó un comunicado.
La orden judicial puso en riesgo la aplicación de un programa, fruto de un acuerdo entre los gobiernos de Roma y Tirana, para llevar a centros en Albania a migrantes rescatados por los buques italianos.
Por su parte el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, uno de los principales impulsores de este proyecto, rechazó ese fallo de los jueces y anunció que se evaluaría un nuevo decreto ley sobre países seguros, que de hecho se aprobó el 21 de octubre.
La presidenta del opositor Partido Democrático, Elly Schlein, reafirmó que esa iniciativa “viola la ley, está prohibida” y señaló que son ilegales los centros habilitados en territorio albanés, por lo que se trata de “800 millones de euros tirados, que podrían haberse utilizado en sanidad”.
