Un nuevo informe revela que los mayores problemas al respecto ocurren en México y en los países del Sur Global, que carecen de datos y recursos frente a estos casos.
La Comisión de Protección de Menores del Vaticano presentó su primer informe anual, que aborda la preocupación respecto a las acciones de protección en los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica. El reporte se da en respuesta a la petición del papa Francisco en 2022, que solicitó un informe fiable para evaluar los puntos débiles de la institución religiosa.
El documento revela que la Iglesia católica sigue sin gestionar adecuadamente los casos de abusos sexuales del clero y que la oficina vaticana encargada de tramitar las denuncias es demasiado lenta y poco transparente.
El documento se divide en cuatro secciones y examina la situación de varias iglesias locales en diferentes continentes. La Comisión enfatiza en la necesidad de concientizar la «terrible realidad» de abusos sexuales y calificó de «mala gestión» al trabajo de la Iglesia, al mismo tiempo que hizo un llamado a las autoridades eclesiásticas a decir la verdad para poder proporcionar «justicia, reparación y sanación» a los afectados.
El cardenal O’Malley, jefe de la Comisión, dijo que su trabajo se basa en el reconocimiento, acompañamiento, defensa de las víctimas de abuso sexual e implementación efectiva de políticas de justicia, también resaltó que el informe busca «documentar los avances, las deficiencias y brindar recomendaciones» para crear un modelo de cambio, detalla Vatican News.
La falta de estructura de denuncias y servicios de acompañamiento a las víctimas es una preocupación latente en varias iglesias con casos de abuso sexual cometidos por clérigos, que prefieren mantenerlos en secreto y no hacerlos públicos por miedo a las críticas, mientras que las víctimas son «manipuladas y amenazadas».
¿Qué es necesario hacer?
El papa Francisco, que creó la comisión en 2014, ha prometido que «el clero y los obispos tendrán que rendir cuentas cuando abusen de los niños o no los protejan».
Por otra parte, el informe observó que los mayores problemas con la aplicación de las directrices se registran en México y en los países del Sur Global, donde hay falta de datos y recursos frente a estos casos.
«En sus 10 años de servicio, la Comisión ha visto a líderes eclesiásticos que han sido objeto de acciones administrativas y/o inacciones en el pasado que han sido fuente de daños adicionales para las víctimas/sobrevivientes de abusos sexuales. Esta realidad revela la necesidad de un procedimiento disciplinario o administrativo que ofrezca una vía eficaz para la dimisión o la destitución», reza el documento.
Según el informe, para alcanzar un mayor grado de transparencia en los procedimientos de la Curia Romana es preciso realizar reformas personales e institucionales en el poder y acabar con la época «en la que los abusos eran generalizados, y el encubrimiento y el mal manejo eran comunes».