Casi el 60% de los canadienses considera que hay «demasiada inmigración». Se trata de la proporción más alta en 25 años y el cambio más rápido en un periodo de dos años desde que comenzó a plantearse la pregunta en 1977, informó el ‘Washington Post’ citando una encuesta de Environics.
«Los últimos hallazgos sugieren que el equilibrio de la opinión pública sobre el volumen de inmigración que actualmente se admite en el país ha pasado de ser aceptable [si no valioso] a problemático», de acuerdo con la encuestadora.
Si bien el sondeo encontró que más de dos terceras partes de los canadienses coinciden en que la inmigración tiene un impacto económico positivo, la razón por la que consideran que hay demasiada inmigración es el aumento en los costos de la vivienda, que atribuyen a la migración.
De acuerdo con cifras de la agencia federal canadiense encargada de proporcionar liquidez hipotecaria, Canada Mortgage and Housing Corp (CMHC), retomadas por la agencia Swiss Info, en febrero de este año, el valor de las hipotecas en el país norteamericano se situó en 2.160 millones de dólares canadienses (1.570 millones de dólares estadounidenses). Es decir, un 3,4% por encima del mismo periodo de 2023.
Ahora bien, el vicegobernador del Banco de Canadá, Toni Gravalle, aseveró en un discurso ante la Cámara de Comercio de Windsor-Essex en diciembre del año pasado que los inmigrantes han aliviado la escasez de mano de obra, recordó el Washington Post.
No obstante, la oferta de vivienda no ha seguido el ritmo de la demografía canadiense pero, explicó el banquero, eso se debe a «desafíos estructurales» como restricciones de zonificación, procesos de permisos y escasez de trabajadores de la construcción. Situación que, en algunos casos, cae bajo el ámbito de los gobiernos provinciales y locales.
Aun así, a la luz del creciente rechazo social a la inmigración evidenciado en las encuestas, el Gobierno de Justin Trudeau ha comenzado a implementar medidas para frenarla.
De esa manera, el Ejecutivo congeló el número de residentes permanentes que tenía planeado acoger, anunció un límite temporal a las visas de estudiantes internacionales y se comprometió a reducir la proporción de la población conformada por residentes temporales al 5% en tres años, informa el artículo.
Además, el jueves 24 de octubre, el primer ministro canadiense anunció que el país se dispone a reducir el número de inmigrantes que recibe, en una clara contradicción de la política migratoria asumida por el político desde su elección, en 2015, que se basó en el aumento constante de los niveles de inmigración.
Por consiguiente, en 2022, Trudeau fijó objetivos récord para aliviar la escasez de mano de obra derivada de la pandemia de COVID-19.
Ahora, el país norteamericano admitirá 395.000 nuevos residentes permanentes en 2025, una caída del 21% respecto del objetivo de 500.000 que fijó el año pasado. La cifra, además, se reducirá hasta 380.000 en 2026 y 365.000 en 2027, muy por debajo del objetivo de 485.000 fijado para este año, de acuerdo con Washinton Post.
Además, el Gobierno planea disminuir los permisos para estudiantes extranjeros y residentes temporales en casi 450.000 en 2025 y 2026. En 2023, aproximadamente 800.000 personas tenían ese estatus.
Según el medio, la reacción a estas medidas ha sido mixta. El director de economía del Banco de Montreal, Robert Kavcic, consideró que el nuevo plan de inmigración «quitaría la tensión de la economía y la infraestructura que se ha vuelto casi debilitante en los últimos años», particularmente en las áreas de vivienda e infraestructura.
No obstante, más de 100 grupos de la sociedad civil, incluidos varios de los sindicatos más grandes de Canadá, criticaron el cambio de sentido.
«Este Gobierno fue elegido sobre una plataforma proinmigración y prometió estatus de residente permanente para trabajadores inmigrantes, estudiantes y personas indocumentadas», dijeron en una carta.
«La gente de toda Canadá espera que se cumplan estas promesas. No cumplirlo será recordado en las urnas», concluyeron.