La iniciativa aún debe ser aprobada en la Cámara de Diputados y luego será sometida a votación de los estados.
Después de varias horas de debate, en la madrugada de este viernes, el Senado de México aprobó la denominada Ley Anti Amparo, impulsada por el oficialismo, que impide que la presentación de amparos pueda bloquear reformas constitucionales.
Con el aval de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, La votación terminó con 85 votos a favor y 41 en contra, aportados por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento Ciudadano.
«Le hemos cumplido al pueblo de México, muchas felicidades», celebró Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tras la votación del proyecto que reforma y agrega párrafos a varios artículos de la Constitución para limitar los amparos y el avance judicial sobre eventuales cambios. «El Poder Judicial debe defender la Constitución, no modificarla», destacó el legislador oficialista Óscar Cantón Zetina al presentar el dictamen.
Uno de los cambios impulsados por la iniciativa refiere a las normas vinculadas con los derechos humanos, que «se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia».
Otro de los añadidos declara como «improcedentes» las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad «que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo el proceso deliberativo». El dictamen también expresa que «no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación».
Además, detalla que «no cabe juicio o recurso alguno, en ningún caso» contra «las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo».
Cruces entre la oposición y el oficialismo
Durante el debate en el Senado, los bloques opositores manifestaron su repudio a la iniciativa. Entre ellos, Ricardo Anaya, del PAN, quien afirmó que la reforma «destruye la Constitución para impedir que se puedan controvertir sus excesos».
Mientras que, desde el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo que la reforma «genera inseguridad jurídica y debilita el Estado de derecho» al ir contra principios fundamentales, como son el control constitucional y la protección de derechos humanos.
Sin embargo, desde el oficialismo negaron que la iniciativa elimine controles constitucionales y acusaron a la oposición de ser «clasista y racista» por no estar de acuerdo con que los jueces sean elegidos por el voto popular. «La oposición clasista y racista se niega a que los jueces sean elegidos por el pueblo. Ese es el verdadero fondo del asunto», afirmó Fernández Noroña.
Por último, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, manifestó que «es falso» que la reforma «impida a los ciudadanos defenderse de abusos de autoridad o leyes ordinarias», ya que aseguró que «solo afecta disposiciones constitucionales».
Tras su aprobación en el Senado, la Ley Anti Amparo debe ser discutida en la Cámara de Diputados y, de ser aprobada, tendrá que ser votada por 17 de los 32 estados de México, que representan la mayoría calificada.