Guanajuato es el estado más violento, pero no tiene tanta cobertura mediática.
La crisis de violencia que padecen los estados de Sinaloa y Chiapas se ha convertido en el primer desafío del narcotráfico para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ya advirtió de manera reiterada que no responderá con una «guerra» sino con una estrategia que permita una pacificación del país en el largo plazo.
Cuando la mandataria asumió el mando, el pasado 1 de octubre, la capital de Sinaloa, Culiacán, cuna de algunos de los principales cárteles y capos mexicanos, ya estaba sitiada por el crimen organizado.
Balaceras cotidianas, escuelas y negocios cerrados, transporte público escaso, calles solitarias, fiestas suspendidas y acotada actividad comercial convirtieron a Culiacán en una especie de ciudad fantasma.
Las pérdidas económicas son millonarias y el miedo es permanente. Por eso, desde que comenzó su gestión, Sheinbaum ha sido cuestionada de manera insistente sobre qué va a hacer con Sinaloa.
La presidenta ha explicado, al igual que lo hizo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que la violencia estalló debido a la irregular captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder de una de las fracciones del Cártel de Sinaloa.
El capo fue detenido a finales de julio pasado en un aeropuerto privado de Texas, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien cumple cadena perpetua en EE.UU.
El silencio de EE.UU.
Hace años que ‘Los Mayitos’ y ‘Los Chapitos’ están enfrentados por el control de una de las organizaciones criminales más grandes de América Latina. Por eso, Zambada denunció que había sido secuestrado por Guzmán López.
La versión más extendida, pero todavía no comprobada, es que Guzmán López habría negociado con las agencias de EE.UU. la entrega de ‘El Mayo’ a cambio beneficios que le permitieran, tanto a él como a su hermano Ovidio Guzmán, quien también está preso en ese país, convertirse en «testigos protegidos» para obtener penas menores.
Luego de un mes y medio de tensión, el 9 de septiembre la guerra entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayitos’ estalló por completo e impuso un clima de violencia en Sinaloa que no cesa.
En sus primeras tres semanas de Gobierno, Sheinbaum ha denunciado de manera reiterada que EE.UU. sigue sin aclarar cómo fue el operativo para detener a ‘El Mayo’ y al hijo de ‘El Chapo’, además de que reforzó la presencia militar y ya envió a su secretario de Seguridad, Omar Harfuch, a Sinaloa para demostrar que se hará cargo de este reto.
Pero cuando la atención mediática seguía centrada en Sinaloa, las esquirlas de la violencia detonaron en el extremo sur del país.
Duelo
El domingo por la mañana, el cura Marcelo Pérez Pérez ofició una misa en una iglesia de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Al salir, abordó su auto. En escasos segundos, dos sicarios encapuchados se acercaron y le dispararon.
La ejecución del sacerdote provocó una conmoción política y social porque demostró los alcances de la presencia del crimen organizado en el estado.
Pérez Pérez, un párroco indígena y referente de la comunidad, denunció durante los últimos años la escalada de violencia, la penetración de los cárteles, el miedo de la población, la impunidad de los responsables.
Apenas unos días antes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) había reportado inéditas y crecientes agresiones de miembros del crimen organizado en sus territorios.
Hasta que ocurrió el asesinato del sacerdote, las balaceras eran cada vez más frecuentes, tanto como los desplazamientos masivos de ciudadanos que se vieron forzados a dejar sus viviendas para escapar de la muerte.
Todo ello es resultado del enfrentamiento que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación profundizaron en 2021 en un estado codiciado para las rutas del narcotráfico, de la trata de personas y de la explotación de recursos naturales.
¿Y Guanajuato?
Desde entonces, la violencia no hizo más que aumentar en Chiapas pero Sheinbaum ya advirtió que la respuesta no será militar ni allí, ni en Sinaloa, ni en ninguna parte del país; que no repetirá la «guerra narco» que el expresidente Felipe Calderón impuso en 2006 y que solo provocó miles de cadáveres, fosas comunes, desaparecidos y amenazados.
En cambio, la presidenta explica casi a diario en sus conferencias mañaneras que apostará por combatir las causas, mejorar las condiciones de vida de la población, ofrecer alternativas sobre todo a los jóvenes para que no sucumban ante el espejismo de los cárteles; y mejorar las investigaciones y la inteligencia para detener a los narcos. Los resultados, reconoce, no serán inmediatos.
También ha criticado la cobertura mediática de la violencia porque pareciera tener intereses políticos, ya que Guanajuato, un estado gobernado por la oposición, es el que tiene el mayor número de homicidios a nivel nacional, pero la prensa suele reportar más las disputas narco que prevalecen en regiones gobernadas por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o sus aliados.
En Guanajuato, la pelea es, por lo menos, entre tres organizaciones criminales: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima. Por ello, el martes pasado, la gobernadora de ese estado, Libia García, se reunió con Sheinbaum en la Ciudad de México para coordinar una estrategia conjunta que frene la violencia que se traduce, al igual que en Sinaloa y Chiapas, en un temor permanente de la ciudadanía y en un problema central para el nuevo Gobierno.
