China condena resolución de Parlamento Europeo sobre derechos humanos

Beijing, 11 oct.  China condenó hoy la reciente resolución del Parlamento Europeo que critica la situación de los derechos humanos en Xinjiang, Tíbet, Hong Kong, Macao y otras regiones del país.

Durante una conferencia de prensa, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Mao Ning rechazó las acusaciones, calificándolas de «infundadas» y de una «grosera injerencia en los asuntos internos de China».

La vocera expresó el «fuerte descontento» y la «resoluta oposición» de China ante la decisión del órgano legislativo europeo.

Además subrayó que la resolución viola los principios básicos del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas por lo que «China presentará una protesta formal ante la Unión Europea», anunció.

Destacó que la situación en Xinjiang es de estabilidad social y crecimiento económico, la población vive en paz y prosperidad.

«La política de China en Xinjiang cuenta con un amplio respaldo popular y es una realidad que nadie puede negar», enfatizó la vocera. En relación con las acusaciones de «trabajo forzado», Mao criticó que el Parlamento Europeo ignore las graves violaciones de derechos humanos en su propio continente y guarde silencio ante la crisis humanitaria en Gaza.

«Una vez más, demuestran su doble rasero», dijo y urgió al legislativo a «dejar de difundir mentiras y manchar la reputación de China».

También los llamó a cesar la injerencia en los asuntos internos del país bajo el pretexto de los derechos humanos.

«El Parlamento Europeo no tiene la autoridad ni el derecho de autoproclamarse como un ‘maestro’ de derechos humanos», subrayó Mao, instándoles a reflexionar sobre sus propios problemas, abandonar sus prejuicios y respetar los logros del gigante asiático en esta materia.

Este legislativo aprobó una resolución de emergencia que condena las supuestas violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno chino en Xinjiang, Tíbet, Hong Kong, Macao y otras partes.

En el documento piden a la Unión Europea y a los Estados miembros que adopten más sanciones contra funcionarios y entidades implicadas en esta cuestión.

 

 

 

 

 

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