Victoria Villarruel afirmó que gracias a ciertos «acuerdos políticos», un grupo de antiguos etarras condenados lograrán la reducción de sus penas, en referencia a una reforma aprobada en el Congreso de los Diputados de España.
La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, participó este martes en España de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas (ONU) sobre víctimas del terrorismo, y se manifestó en contra de la reforma legal española que beneficia a antiguos miembros condenados de la banda terrorista ETA.
«Mientras estamos aquí reunidos, decenas de terroristas etarras se benefician de la reducción de sus penas gracias a acuerdos políticos», dijo la vicemandataria durante su discurso, reportó La Nación.
Con ello se refirió a una modificación legislativa que se está tramitando en el Parlamento español, y que podría implicar que más de 40 presos pertenecientes a ETA queden en libertad o la recuperen de manera anticipada.
«Hay grupos de poder y políticos que justifican el terrorismo», dijo Villarruel y consideró que «siempre hay un interés político detrás de cada atentado».
De acuerdo con la también titular del Senado argentino, «la finalidad» de estos actos es siempre similar: «provocar cambios políticos de los gobiernos en determinada dirección, o condicionar, o impedir que los mismos puedan decidir libremente su rumbo».
«Justicia completa»
Como abogada, y desde antes de ser vicepresidenta, Villarruel se caracterizó por ser una ferviente impulsora del pedido de «justicia completa». Este lema exige que los exmiembros de organizaciones políticas armadas que operaron en los 70 en Argentina, sean juzgados y condenados por ataques a efectivos de las fuerzas armadas, que tuvieron como víctimas también a civiles.
En agosto, al anunciar que el Gobierno reabrirá «todas las causas de las víctimas del terrorismo», la segunda en el Ejecutivo afirmó que «todos los Montoneros» (nombre de la extinta agrupación armada peronista de izquierda) «deben estar presos».
La reforma de la ley orgánica 7/2014 fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados de España, desde donde pasó al Senado sin ninguna enmienda. Por eso, se espera que la votación de la cámara alta sea favorable y, de ser así, solo restaría su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).