Carolina Tohá aseguró que la información aportada en su contra está «llena de imprecisiones, deformaciones y generalizaciones, tanto jurídicas como fácticas».
La ministra chilena del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, presentó su respuesta ante la acusación constitucional que interpuso la ultraderecha en su contra, al señalarla como responsable de la crisis de seguridad y el alza de los hechos delictivos en el país.
En un documento de 174 páginas, que recoge la prensa, Tohá consideró que la acusación tiene que ser «desechada en todas sus partes» y destacó que «no se exponen acciones u omisiones específicas», sino que «se limitan a realizar afirmaciones que califican el mérito» de su gestión.
«De la sola lectura del primer capítulo acusatorio resulta claro que los acusadores no cumplen con un presupuesto básico para la imputación de responsabilidad constitucional: la identificación de hechos que configuren una infracción al ordenamiento jurídico», reza el texto.
«Sin metodología validable»
El jefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, indicó a finales de septiembre que la crisis de seguridad generada por la delincuencia en Chile supera incluso las diferencias políticas, por lo que pidió a todas los grupos parlamentarios a acompañar su propuesta.
En este sentido, Tohá reiteró que los acusadores no la imputan «pura y simplemente» por falta de acciones, sino que «buscan sostener» que los actos que ha realizado «no serían suficientes ni adecuados».
Asimismo, destacó que «la información aportada por el libelo está llena de imprecisiones, deformaciones y generalizaciones tanto jurídicas como fácticas». Para Tohá, la «falta de seriedad y prolijidad» del recurso impide que se cumplan los requisitos legales para una acusación de ese tenor.
«Ciertamente, me impide ejercer mi derecho constitucional a la defensa, por lo que esta cuestión previa debe acogerse», agregó la titular de Interior. La semana pasada, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), anunció que presentaría una acusación constitucional contra el presidente, Gabriel Boric, pero horas después dio marcha atrás e informó que privilegiarían «el diálogo».
En Chile, la acusación constitucional es un mecanismo de control que faculta al Congreso a entablar un juicio político o ‘impeachment’ en contra de determinadas autoridades de Gobierno para exigir responsabilidad política ante el ejercicio de sus cargos.