La Suprema Corte atizó la polémica al aceptar la revisión de la nueva ley.
La reforma judicial que aprobó el Poder Legislativo, promulgada por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, sigue envuelta en una fuerte controversia debido a las 70 suspensiones emitidas por juzgados locales que pretenden frenar la inédita elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), prevista para el próximo 1 de junio.
El debate parlamentario terminó a principios de septiembre con la aprobación de la reforma y López Obrador la promulgó a mediados de ese mismo mes. La entrada en vigor de la ley fue días antes de que la presidencia de México fuese asumida por Claudia Sheinbaum, quien ya anunció que la semana próxima se lanzará la convocatoria para el proceso electoral.
Las protestas y las sentencias en contra de la reforma han sido constantes a lo largo del proceso por parte de diversos juzgados estatales, que ordenaban frenar su discusión y luego su puesta en marcha. No obstante, la decisión más polémica fue de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la semana pasada aprobó, por mayoría de votos, revisar la constitucionalidad de la nueva ley.
Lenia Batres, una de las tres juezas supremas que votaron en contra de esta posibilidad, denunció que se trataba de un «golpe de Estado» técnico, lo que volvió a tensar la relación entre la presidenta de la SCJN, Norma Piña, y Sheinbaum.
«Yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado», advirtió la presidenta, quien minimizó el impacto que puede tener la revisión que hará la SCJN y descartó la posibilidad de sumarse a la judicialización de la reforma con denuncias contra los jueces.
«No tiene sustento lo que está haciendo la Corte y ellos lo saben. Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente, lo saben porque son constitucionalistas y conocen la Constitución», afirmó.
Cruces
Junto con los amparos solicitados y obtenidos en tribunales de por lo menos 15 de los 32 estados del país, los colectivos que impugnan la reforma también le exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) que suspendiera el proceso, que culminará con unas elecciones para modificar por completo la integración del Poder Judicial.
El órgano electoral, sin embargo, continúa con los preparativos del proceso. Por ello, el pasado viernes, el Juzgado Segundo de Distrito del estado de Colima anunció que, si el INE no acata la suspensión de la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte, sus integrantes tendrán que pagar multas millonarias e incluso se arriesgan a penas de prisión, destitución e inhabilitación.
En respuesta, el INE impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los amparos contra la elección, con el argumento de que los jueces de distrito no tienen competencia para interrumpir asuntos de materia electoral.
«A nombre del Consejo General, la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva acusa que los jueces de distrito que han emitido hasta ahora 70 suspensiones y que imponen apercibimientos al INE de no acatarlas, invaden atribuciones de autoridades autónomas y obstaculizan sus funciones constitucionales», señaló el expediente obtenido por el diario Milenio.
La controversia está lejos de terminar, ya que la oposición considera que el poder Ejecutivo desacata órdenes judiciales al continuar con la elección, en tanto que los órganos electorales, con el apoyo del Gobierno, tienen previsto iniciar oficialmente el proceso el próximo martes, con la convocatoria al inicio de las campañas de los aspirantes.