El presidente del Senado mexicano afirmó que con esa decisión, el máximo tribunal «demostró su carácter faccioso».
La Suprema Corte de Justicia de México acordó este jueves, con ocho votos a favor y tres en contra, someter a revisión la reforma del Poder Judicial aprobada por el Congreso en septiembre pasado, para determinar su constitucionalidad.
Sostuvo Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, según cita El Financiero, que la Ley Orgánica del Poder Judicial permite a los jueces revisar los actos que puedan vulnerar la independencia de ese Poder estatal, lo que hace posible que esa instancia se pronuncie sobre la mencionada enmienda constitucional.
Piña acotó que ese proceso, propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara, no significa que vayan a pronunciarse sobre la validez de la reforma, sino que lo que buscan es decidir si estos cambios, entre los que destaca la elección por voto universal de los ministros de la Corte, así como de jueces y magistrados del Poder Judicial, pueden ser revisados con base en lo que estipula la ley.
Por su parte, la ministra Lenia Batres, quien junto con Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se opuso a la revisión por considerarla «rebuscada y absurda», afirmó que si la Corte llegase a invalidar las reformas judiciales, estaría dando «con todas sus letras, un golpe de Estado» y los ministros que se presten a ello pretenderán de tal forma ponerse por encima de la Constitución y del Poder Legislativo.
Tras la aprobación legislativa de esta reforma, a mediados de septiembre pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio al proceso extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, para elegir los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia y las magistraturas de las salas Superior y regionales del Tribunal Electoral, entre otros.
Sin embargo, el juez Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito, ordenó una suspensión provisional contra el Consejo General del INE, para que se abstenga de implementar el proceso electoral previsto para el 1 de junio de 2025, que supondría la destitución de los actuales 11 ministros del máximo tribunal para elegir a los nuevos integrantes, que además serán ahora nueve y durarán en el cargo 12 años, y no 15 como fue hasta el presente.
«Carácter faccioso»
Tras conocerse la decisión, el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, alertó que esta acción de la Corte no es constitucional y estaría violando la soberanía del Poder Legislativo.
«La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución», indicó el titular del Congreso.
Fernández Noroña agregó que «ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo».
Por ello, insistió en que la Corte «no puede» y «no debe» tratar de «erigirse como supremo poder», al pretender ponerse «por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y, sobre todo, del soberano, que es el pueblo de México».
«Por esa razón, esta presidencia (del Senado) plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte», advirtió Fernández Noroña.