Las llamadas y los mensajes intimidatorios son parte de las estrategias del Clan del Golfo para ganar terreno en los departamentos colombianos donde aún no tienen presencia.
El Clan del Golfo ha puesto entre sus objetivos a los excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes son amenazados de muerte u obligados a dejar sus comunidades, a través de llamadas anónimas y mensajes de texto.
Hace tan solo un mes, la Asociación de Firmantes de la Paz (ANFAP) informó en un comunicado sobre un nuevo amedrentamiento por parte del grupo narcoparamilitar que opera en el municipio Sabana de Torres (Santander), en el Magdalena Medio. En esa oportunidad, un desconocido se comunicó con la tesorera de esa organización, Martha Jiménez, —que además es representante de una empresa de producción de aceite de palma— para recriminarle por no haber asistido a las reuniones a las que la citaron. También le pidió dinero y colgó.
Pero esta no ha sido la única advertencia del Clan del Golfo —que opera en 24 de los 32 departamentos colombianos— contra los firmantes de la paz. Los paramilitares han dado plazos de 72 horas para que los líderes sociales de la ANFAP abandonen las comunidades donde trabajan en la defensa de los derechos de quienes abandonaron las armas en 2016.
¿Qué busca el Clan del Golfo?
El acoso de la organización narcoparamilitar contra los excombatientes podría formar parte de sus planes de expansión para hacerse con mayor extensión territorial, como forma de tener mayor control del manejo de las economías ilícitas y estructuras criminales, recoge El Espectador.
El departamento de Santander, que colinda con Antioquia, donde el Clan del Golfo tiene presencia, es «un punto clave» para ir desde el noroccidente hacia al centro del país y para avanzar hasta el Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Desde hace meses, los medios han advertido la presencia del grupo de semilla paramilitar en Santander, e incluso el gobernador de esa entidad, Juvenal Díaz Mateus, se ha referido a la llegada de ‘Los Paisas’, relacionada con la estructura, que opera en una zona minera.
Peticiones no atendidas
En el escrito de la ANFAP también se denuncia que han sido víctimas de desapariciones y persecuciones, por lo que piden con urgencia que varios de los exfirmantes amenazados sean resguardados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya respuesta suele ser lenta o poco eficiente.
El llamado de los exguerrilleros es el mismo desde que rubricaron el Acuerdo de paz en el Gobierno de Juan Manuel Santos: garantías de Estado para sus vidas, que ya no transcurren en lo espeso de la selva.
En otros documentos, que han sido consignados por la ANFAP, se leen exhortos apremiantes al Gobierno para que investigue los homicidios de excombatientes y para que cumpla con lo estipulado en el Acuerdo de paz. Según esta organización, hasta la fecha han sido asesinados 431 exguerrilleros de las FARC.
Solo este año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una ONG de defensa de los derechos humanos, registra el asesinato de 21 exintegrantes del desaparecido grupo armado.