Las autoridades han suspendido las clases presenciales y los descontentos prevén marchar al Congreso.
El hartazgo de las empresas de transporte por las «extorsiones» de las que son víctimas ha provocado este jueves un caos en las principales arterias viales de Lima y Callao, donde más de 50 firmas se han sumado a un paro.
Según medios locales, hay cientos de pasajeros varados en los puntos neurálgicos de la capital, mientras autobuses de la Policía Nacional del Perú (PNP) intentan trasladar a las masas que hacen uso diario del transporte público.
Ante la situación, la Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana ( DRELM ) ha suspendido las clases presenciales, mientras los descontentos prevén marchar hasta la sede del Congreso.
La situación ha provocado el inmediato incremento de los precios de los pasajes, ante la falta de unidades que cubren todas las rutas. «Se aprovechan de la necesidad de aumentar la tarifa del pasaje y cobrar hasta el doble», se quejaba esta mañana un usuario de redes sociales.
La medida de fuerza fue anunciada hace días, por lo que se ha desplegado un intenso dispositivo de seguridad en puntos claves de Lima, con integrantes de agentes de la PNP. Entretanto, la prensa reporta el ataque a unidades de autobuses que no se suman al paro.
Denuncian ola de extorsiones
Las empresas de transporte participantes en la protesta denuncian que han sido víctimas recurrentes de una ola de extorsiones durante las últimas semanas que, además, se ha salvado con varios asesinatos.
Según recoge RPP, los extorsionadores exigen pagos de más de 250.000 soles (alrededor de 66.000 dólares) para permitirles realizar su trabajo. Así, el personal de algunas empresas, como Corazón de Jesús de San Diego, llevan más de una semana sin trabajar por el temor a ser atacados.
Las agresiones se han multiplicado en los últimos días. El pasado 18 de septiembre, desconocidos a bordo de motocicletas abrieron fuego contra tres autobuses de esa compañía. En este escenario, la principal recuperación de los transportistas es que el Gobierno garantiza su seguridad.
El martes, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que se había acordado la creación de un equipo especial de la Policía para luchar contra la extorsión de transportistas y otros rubros, intensificando los operativos contra esas «mafias».