Una investigación de dos medios colombianos indica que la posible adquisición del sistema de espionaje se hizo bajo un presunto esquema de lavado de activos.
Un reportaje conjunto de los medios Señal Colombia y Revista Raya informó que la adquisición del software espía Pegasus, de origen israelí, la habría hecho el gobierno de Iván Duque (2018-2022) con dineros ilícitos, provenientes del narcotráfico, a través de un esquema de lavado de activos.
La investigación periodística, citada por el medio colombiano El Universal, indicó que la compra, denunciada semanas atrás por el presidente colombiano, Gustavo Petro, la habría ejecutado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para espiar a la oposición y a manifestantes durante el estallido social de 2021.
La adquisición, sostiene el informe, se efectuó con dinero incautado a organizaciones criminales del narcotráfico en distintos procedimientos de las autoridades de seguridad.
Al respecto, el actual director de la DNI, Jorge Lemus, informó a esos medios que la transacción por el uso de Pegasus, propiedad de la empresa israelí NSO Group, se llevó a cabo «de manera clandestina» entre junio y septiembre de 2021. La versión del máximo jefe de la inteligencia contradice la expuesta la semana pasada por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), que negó la compra del software.
«Ellos sabían que estaban cometiendo un delito, y por eso actuaron de manera encubierta«, dijo Lemus, en referencia a los involucrados en la operación irregular. El pago, por 11 millones de dólares, se hizo en efectivo que fue llevado desde Bogotá a Tel Aviv sin ser reportado ante las autoridades fiscales colombianas.
Según el reportaje, la operación secreta involucró a altos funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas colombianas, lo que significa que en este caso se habrían cometido diversos delitos.
Posible lavado de activos
Entre los funcionarios supuestamente involucrados se menciona al entonces viceministro de Defensa, Jairo García, y al general retirado Juan Diego Sepúlveda, quienes habrían participado activamente en las negociaciones con la empresa israelí.
Además, según el reportaje, el periodista israelí Gur Megiddo dijo haber recibido información sobre la transacción desde el Banco Hapoalim, en Israel. «Una de las fuentes confirmó que dinero incautado a narcotraficantes fue usado para la compra del software», aseveró el reportero.
La investigación indica que la negociación pudo haber constituido también un delito de lavado de activos. Sobre esto, Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, señaló que «la falta de transparencia en este tipo de transacciones puede generar graves consecuencias legales«.
Primera víctima del espionaje
El reportaje reveló que María Fernanda Rangel, exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo y candidata a la Contraloría General en 2023, fue la primera víctima confirmada de Pegasus en Colombia.
A esa conclusión se arribó luego de un análisis forense que demostró que el teléfono de Rangel fue infectado con el virus espía.
A ese respecto, el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, anunció que planteará un debate de control político en el Congreso para octubre próximo, con el propósito de buscar respuestas sobre el uso del software y sus posibles impactos en la privacidad de los ciudadanos.
«Es necesario esclarecer cómo se adquirió esta herramienta y bajo qué circunstancias se ha utilizado en Colombia», dijo el parlamentario.
A inicios de septiembre, la Fiscalía de Colombia abrió una investigación sobre la presunta compra del programa informático israelí, en respuesta a la denuncia presentada por el presidente, Gustavo Petro.
El ente investigador dijo que buscaba «establecer la verdad y la eventual identificación e individualización de responsables en la probable adquisición y uso ilegales» del software espía.