La organización internacional Egmont Group, que se dedica a investigar y prevenir el blanqueo de dinero y delitos adyacentes como la financiación de terrorismo, comunicó sobre la suspensión del acceso de Colombia a su plataforma, después de que el presidente Gustavo Petro compartiera información confidencial que funcionarios de su Administración obtuvieron del grupo.

«Debido a las recientes acciones en las que se ha visto involucrada la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros, los directores de la UIAF del Grupo Egmont han confirmado la suspensión del acceso de Colombia a la Red Segura Egmont, utilizada por 177 miembros para intercambiar información relacionada con el blanqueo de capitales», reza el comunicado.

En este sentido, la organización señaló que la «medida de emergencia» permanecerá en vigor mientras se sigue investigando la situación. «El Grupo Egmont continuará su compromiso con la UIAF de Colombia bajo los procedimientos internos actuales para que haya confianza entre los miembros de que su información está totalmente protegida«, subrayó.

«Revelamos la verdad»

Comentando sobre la discusión del anuncio de Egmont Group por parte de los medios de comunicación colombianos, Petro aseguró que se trata de una «estrategia para tapar Pegasus».

«Egmont nos sanciona transitoriamente porque revelamos la verdad de Pegasus. Es decir, porque un gobierno compró ilegalmente con lavado de activos Pegasus y con él, interceptó ilegalmente para asesinar jóvenes en el estallido social» de 2021, señaló el mandatario. «No les importan los jóvenes asesinados. Nunca les importaron», agregó en referencia a los medios locales.

La denuncia de Petro

A principios de este mes, Petro denunció la compra del programa informático israelí Pegasus para realizar espionaje ilegal a celulares por parte del gobierno de Iván Duque (2018-2022) «en medio del estallido social y antes de las campañas» electorales de 2021. De acuerdo con la información obtenida de la UIAF, se trató de una compra por 11 millones de dólares que no habrían sido declarados, gestionada por la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (Dipol) con «la firma israelí NSO Group».

«Un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado», precisó en su momento Petro e instó a la Fiscalía General de la Nación a realizar una investigación sobre la transacción, detallando que tanto él como su familia fueron víctimas de espionaje ilegal por parte de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y de Duque.

Posteriormente, el ministro de Defensa del país latinoamericano, Iván Velázquez, aseguró que después de «un rastreo minucioso» y «algunas pistas», las autoridades sospechan que la compra del ‘software’ podría haberse realizado con dinero incautado en operaciones contra el narcotráfico. Tras una investigación los medios Señal Colombia y Revista Raya secundaron esta teoría.

Por su parte, la Dipol negó la semana pasada dicha compra, así como su uso para labores de espionaje e interceptaciones telefónicas contra la familia de Petro, integrantes del Pacto Histórico y magistrados de la Corte Constitucional.