Según la alta funcionaria, los estudiantes de esa institución son penalizados por exponer ideas divergentes dentro de las aulas de clases.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó este miércoles «su preocupación» por las recientes «afirmaciones vertidas por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel», en las que señaló que, durante su paso por esa casa de estudios, los estudiantes eran supuestamente castigados con aplazamientos por expresar ideas divergentes.
Según la alta funcionaria del gobierno de Javier Milei, dentro de la UBA los universitarios preferirían «estar callados y mimetizados en la masa silenciosa» para evitar supuestos castigos por sus posturas e ideas, según cita la institución en un comunicado, al tiempo que reafirma su «compromiso con la democracia, el pensamiento crítico y el respeto por la pluralidad de opiniones», y sostiene que siempre ha servido como «un espacio de formación donde se promueve el debate libre y constructivo».
«Lejos de reprimir el pensamiento diferente, en nuestras aulas se fomenta activamente la participación de todos los estudiantes, asegurando un ambiente en el que prevalecen el diálogo y el respeto mutuo. Asimismo, queremos destacar el inestimable valor del claustro de profesores que, a lo largo de las décadas, ha sido pieza clave en la construcción de una facultad reconocida por su excelencia académica y su férrea defensa de los principios democráticos», se añade en el escrito.
Asimismo, sostiene que los docentes, «muchos de ellos con trayectorias académicas y profesionales de gran prestigio, se han dedicado con integridad y compromiso a la formación de generaciones de profesionales del Derecho, inculcando siempre el valor de la argumentación fundamentada y el respeto a la diversidad de ideas».
Al repudiar las acusaciones de Villaruel, la referida facultad afirma que funciona como «un faro de conocimiento y libertad, donde el intercambio de opiniones y el espíritu crítico son valores esenciales» que guían su quehacer académico. Por tal motivo, rechaza «categóricamente cualquier intento de deslegitimar la calidad» de su enseñanza o de sugerir que allí «se penaliza el pensamiento independiente».
«En un contexto como el actual, en el que la convivencia democrática se vuelve cada vez más necesaria, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la formación de profesionales libres, críticos y comprometidos con el estado de derecho, las instituciones y los valores democráticos y republicanos que definen a nuestra sociedad», agregó la institución en su respuesta a las aseveraciones de la también presidenta del Senado argentino.