Los legisladores debatieron la normativa que propone seleccionar a los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular, entre otras modificaciones.
El Senado de México aprobó este miércoles en lo general la reforma judicial que promovió el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras analizar y debatir el proyecto oficial, los congresistas avalaron la controvertida iniciativa por 86 votos a favor y 41 en contra.
El pasado domingo, 8 de septiembre, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma judicial en lo particular y en lo general, por lo que restaba su tratamiento final en el pleno de la Cámara Alta.
Un tratamiento conflictivo
La sesión de este lunes, 10 de septiembre, debió ser suspendida por la irrupción de manifestantes opositores en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en Ciudad de México, quienes entraron al grito de «¡Traidores, traidores!», en referencia a los senadores que apoyaban la reforma.
Similares contratiempos surgieron la semana pasada en la sede del Legislativo, que fue bloqueada por los manifestantes antes del debate en la Cámara de Diputados. La Cámara Baja también tuvo que sesionar en una sede alterna, donde, tras varias horas, fue aprobada finalmente por 359 votos a favor y 135 en contra, en sus términos generales.
Tras la interrupción de este martes por la toma del Congreso, el titular del Senado, Fernández Noroña, informó a través de la red social X que el debate se reanudaría en la antigua sede de ese Parlamento, conocida como la Casona de Xicoténcatl.
La sesión vino precedida por una intensa polémica sobre la mayoría calificada que se requería para aprobar el proyecto.
La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, que se había pronunciado a favor de la reforma, señalaba que sólo se requerían 85 votos de los 128 votos que estaban en juego, sobre la base de información publicada en 2020 por el Senado sobre este tema.
Por el contrario, para la oposición la propuesta requería el voto de 86 senadores, un número que las fuerzas leales a López Obrador no tenían asegurado en la previa. El voto que declinó la balanza hacia la aprobación fue el del panista Miguel Ángel Yunes.
Qué implica la reforma
La reforma judicial propone seleccionar a los ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular, en elecciones que se llevarían a cabo en 2025, así como la disminución de la duración en el cargo de estos funcionarios. Además, bajo los principios de ‘austeridad republicana’, pretende poner un alto a los «gastos excesivos y onerosos» del Poder Judicial.
También contempla que los salarios de los integrantes del máximo tribunal constitucional, jueces y magistrados, se vinculen al del presidente de la República y se reduzcan sus prestaciones. Además, aspira a que los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, sean también electos por voto popular.
Otros de sus artículos crean un tribunal disciplinario judicial que ya no estará conformado por el ministro presidente de la Suprema Corte, como sucede en la actualidad.
Desde que se presentó en febrero pasado, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial. Es una reforma constitucional que, bajo la perspectiva de la oposición, barras de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del Gobierno.
Por el contrario, López Obrador y los defensores de la reforma aseguran que servirá para terminar con la corrupción y los privilegios del Poder Judicial.