Los imputados, que fomentaban el supremacismo de la raza blanca, podrían enfrentar una pena máxima de 220 años de prisión.
Dos hombres estadounidenses fueron acusados de liderar «un grupo terrorista digital» en el servicio de mensajería Telegram, mediante el cual incitaban a sus seguidores a cometer crímenes de odio, incluidos asesinatos de funcionarios de alto rango, informó este lunes la Fiscalía para el Distrito Este de California (EE.UU.).
De acuerdo con el comunicado del organismo, los líderes de un «grupo terrorista transnacional», el Terrorgram Collective, Dallas Humber, de 34 años, y Matthew Allison, de 37, fueron acusados de 15 cargos por instigar crímenes de odio y conspirar para proporcionar material de apoyo a terroristas, entre otros. «Los acusados instigaron asesinatos y crímenes de odio basados en la raza, la religión, la nacionalidad, la orientación sexual y la identidad de género«, señala el comunicado oficial.
Según indican las autoridades, Humber y Allison, arrestados el viernes, promovían en la plataforma «el aceleracionismo supremacista blanco», una ideología que se centra en la idea de que la raza blanca es superior y que la violencia es necesaria para desatar una guerra racial que conduzca al colapso del Gobierno y al ascenso de un «etnoestado blanco».
Del mismo modo, ambos hombres están acusados de haber difundido videos y publicaciones en el servicio de mensajería en los que se aconsejaba cómo ejecutar crímenes y se proveía una lista de «objetivos de alto valor» a ser asesinados, entre los que aparecían funcionarios locales, estatales y federales de EE.UU., así como líderes de empresas privadas.
De acuerdo con el comunicado, algunos de los atentados incentivados por el grupo se frustraron, pero otros llegaron a perpetrarse. Así, una persona apuñaló a otras cinco cerca de una mezquita en Turquía, mientras que en Nueva Jersey (EE.UU.) un individuo planeaba llevar a cabo un ataque contra una planta de energía.
Sin son encontrados culpables de todos los cargos presentados, se enfrentarían a una pena máxima de 220 años de prisión, según concluyen los fiscales.