Carlos Del Toro puede ser despedido, suspendido o degradado y multado con hasta 1.000 dólares.
El secretario de la Armada de EE.UU., Carlos Del Toro, fue declarado culpable de violar la Ley Hatch, una norma aprobada en 1939 que prohíbe a los funcionarios federales participar en actividades políticas mientras estén de servicio, comunicó este miércoles la Oficina del Asesor Jurídico Especial de EE.UU.
Según ese despacho, Del Toro violó la legislación en varias ocasiones al apoyar públicamente la candidatura del presidente estadounidense, Joe Biden, para las elecciones del venidero noviembre.
Así, durante una sesión de preguntas y respuestas en el Royal United Services Institute, tras dar allí un discurso oficial este enero, el secretario de la Armada estadounidense dijo confiar «en que el pueblo estadounidense dé un paso al frente el próximo noviembre y apoye al presidente Biden para un segundo mandato como nuestro comandante en Jefe, para que podamos seguir trabajando juntos como países democráticos libres que se respetan mutuamente en todo el mundo».
Más aún, Del Toro no solo apoyó a Biden sino que criticó indirectamente al candidato republicano a la presidencia, Donald Trump. «No podemos permitirnos tener un presidente que se alinea con dictadores y gobernantes autocráticos», aseveró el jefe militar.
«Cruzó una línea legal»
Se considera que declaraciones de ese tipo, en boca de un alto funcionario, pueden influenciar al electorado y afectar los resultados de las elecciones, lo que está prohibido por la Ley Hatch.
«Al hablar en su condición oficial durante un viaje financiado por los contribuyentes, el secretario Del Toro alentó el apoyo electoral a un candidato por sobre otro en las próximas elecciones presidenciales. Al hacerlo, cruzó una línea legal y violó la Ley Hatch«, afirmó el consejero especial de la Oficina, Hampton Dellinger. Asimismo, calificó de «especialmente preocupante» el hecho de que Del Toro lo hiciera a pesar de reconocer «que el trabajo militar y la política partidista no deben mezclarse».
El propio Del Toro buscó enmendar sus palabras unos días después del discurso, al admitir que su respuesta debió haber sido «más amplia, sin hacer referencia a candidatos concretos». Por su parte, el consejero especial valoró que el jefe militar recogiera sus palabras por sí mismo, pero sostuvo que «ese hecho no debería absolverlo». Por la violación de la mencionada ley, Del Toro podría ser despedido, suspendido o degradado y multado con hasta 1.000 dólares, aunque raramente se aplican sanciones tan duras a los funcionarios federales.