Expertos catalogan esa estrategia de seguridad como «una etiqueta» o un mero «‘spot’ de televisión».
Una de las banderas del actual Gobierno de Ecuador, es el denominado ‘Plan Fénix’, que comenzó a resonar durante la campaña electoral del año pasado y tomó fuerza una vez que Daniel Noboa asumió la Presidencia del país suramericano.
Con el Plan Fénix, Noboa prometió acabar con la violencia en Ecuador; sin embargo, hay dudas acerca de su existencia, puesto que nunca se ha mostrado el programa ni ha tenido el tránsito regular que debería seguir la política pública: darlo a conocer a la ciudadanía, exponer claramente sus objetivos y determinar sobre quiénes recaen las responsabilidades.
«El Plan Fénix es una narrativa que se generó alrededor de una supuesta intención del Gobierno de hacer una lucha frontal contra el crimen. Es una etiqueta, nada más, porque claramente cuando uno profundiza en las instituciones y uno quiere ver qué es, no existe algo escrito», dice, en entrevista con RT, Daniel Pontón, experto en seguridad y docente universitario en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), quien indica que el último Plan de Seguridad Integral que tuvo el país fue en 2019.
De igual forma opina Diego Pérez, también docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, quien menciona que el Plan Fénix «no es nada más que un ‘spot’ de televisión». En esa línea, el experto insiste: «No es nada más que una muletilla que el Gobierno ha utilizado para justificar una serie de acciones en los temas de seguridad».
¿Por qué se oculta?
¿Pero, a qué se debe el hermetismo? A juicio de Pontón, «se vende» la idea de que no se puede difundir «porque los delincuentes van a sacar provecho» y ejecutarán acciones para anticiparse a la acción del Estado.
Presuponiendo que existe, «uno entendería que ese plan se lo mantiene así de oculto, así de hermético, porque está trazando una serie de líneas estratégicas clave para el combate al crimen organizado transnacional», agrega Pérez.
Sin embargo, ambos coinciden en que, aún si eso fuera cierto, Ecuador vive en democracia y eso implica que las políticas públicas tienen que, justamente, ser públicas. Aclaran de que no se trata de dar a conocer detalles específicos o investigaciones de inteligencia, sino estrategias generales y grandes líneas maestras de reflexión, de trabajo, de acción.
El desconocimiento por parte de la población de esta política pública, además, evita la evaluación a las acciones del Gobierno. «Necesitas tus objetivos e indicadores, que deben ser medidos, evaluados, para ver qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal«, indica Pontón.
Como se están dando las cosas y sin dar a conocer el programa, explica Pérez, entonces «cualquier resultado positivo puede ser atribuible al Plan Fénix» y «cualquier resultado negativo puede ser atribuible al crimen organizado transnacional, el terrorismo y lo que sea que impiden que logremos el bienestar».
Las cifras
Los expertos explican que Ecuador se enfrenta al crimen organizado transnacional, vinculado al narcotráfico, porque es un país atractivo para ello. Pérez detalla que la posición geográfica de la nación, la presencia de un Estado deficitario, el dólar como moneda y, transversalmente, la fragilidad de su sistema político, son un caldo de cultivo para estas organizaciones al margen de la ley.
«El tipo de violencia que prima en el Ecuador creo que, en alguna medida, sí podría ser atribuible al crimen organizado transnacional cuando concentramos el foco en ciertas zonas periféricas, en ciertas zonas conflictivas del Estado donde la presencia estatal es tenue, por no decir inexistente (…) Pero luego sí, el Ecuador también tiene un problema de delincuencia común, y este es un problema que ha estado siempre y que va a persistir, en tanto las inequidades subsistan», dice Pérez.
Pontón indica, en consonancia, que aunque la delincuencia local tiene relación con el narcotráfico, «el ambiente interno tiene que ver con condiciones de deterioro de la situación social».
Independientemente de si existe o no el Plan Fénix, el Gobierno de Noboa ha manifestado tener una política de mano dura, que ha implicado operativos policiales y militares en las calles —con miles de detenciones e incautaciones—, militarización de las cárceles, anuncio de construcción de nuevas prisiones y más acciones. La mayor demostración de ello fue en enero pasado, cuando se comenzaron a decretar estados de excepción y se declaró un «conflicto armado interno», definiendo a unas 22 organizaciones criminales como «terroristas».
A partir de entonces, las autoridades dieron a conocer cifras de las acciones del «eje de seguridad», como parte del Plan Fénix. Los gráficos los publicaba la Presidencia de la República, pero el último de ellos apareció el 11 de marzo; según lo difundido, desde el 9 de enero y hasta esa fecha, fueron detenidas 13.073 personas, 280 de ellas señaladas de terrorismo. Posteriormente, la Policía Nacional es la que ha ofrecido datos individuales de sus operaciones.
A principios de julio, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que los homicidios intencionales en Ecuador se redujeron en un 17 % en el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior; aunque, el dato real es que la disminución sería del 15,6 %, según del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), perteneciente a la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) y financiado por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de EE.UU.
De acuerdo con el OECO, que también tiene como fuente al Ministerio del Interior, en los primeros seis meses de 2024 se registraron 3.037 homicidios intencionales, frente a los 3.599 contabilizados en el primer semestre del año pasado.
Aparte, en los resultados, Pontón rescata, por ejemplo, la toma de las cárceles de Ecuador, donde se han hecho intervenciones constantemente en los últimos años, encontrando arsenales de armas y diversos objetos prohibidos.
«Su cometido más básico, que era parar masacres y evitar fugas masivas y otro tipo de eventos anómalos que existían en las cárceles, creo que ha sido exitoso», menciona.
Pero los expertos recalcan que otros delitos se han incrementado en Ecuador, como los secuestros, la minería ilegal y actividades de extorsión. De acuerdo con una publicación del diario Expreso, entre enero y abril de 2024 se notificaron al menos 10.329 casos de extorsión, casi la mitad del total reportado en todo 2023, cuando fueron 21.811, según una publicación del OECO.
«Estas bandas ilegales lo que han hecho es que cada vez se han hecho mucho más violentas y mucho más especializadas», indica Pontón.
Superficialidad y consecuencias
Los expertos, aunque reconocen los resultados de los operativos que día a día hacen las fuerzas de seguridad para contener la violencia en el país, ponen en duda si estos efectos se mantendrán a largo plazo.
«Las estrategias que se han hecho por parte del Gobierno de ocupación territorial […] han sido más también membretes, artefactos comunicacionales. Con resultados que no se los puede visualizar a largo plazo», dice Pontón, que insistió en que «la delincuencia en general, el crimen, la violencia entre grupos criminales, con afectaciones a la sociedad civil, sigue habiéndolo».
Pérez añade que las autoridades están montadas «en la coyuntura» y sospecha que no se está atacando el problema de la inseguridad de manera estructural. «La solución para el problema de la seguridad no es tener más gente detenida y no es construir más cárceles«, dice.
El crecimiento de la inseguridad en Ecuador, dicen los expertos, ha tenido un impacto negativo en la población. «El turismo, el tema económico, el tema productivo, es terrible. El nivel de miedo de la gente, que no puede hacer su vida normal», comenta Pontón.
A ese contexto se suma la ola migratoria ecuatoriana, con cifras alarmantes. Aunque los especialistas coinciden en que tiene que ver principalmente con condiciones socioeconómicas, estiman que la inseguridad tiene una clara incidencia en el fenómeno.
«Yo creo que es una mezcla de las dos, o sea, hay condiciones económicas en rápido deterioro, a las que se suma una condición de inseguridad«, menciona Pérez, que recuerda que se han subido impuestos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) —que se incrementó del 12 al 15 %—; hay un problema de salarios congelados hace mucho tiempo; y un sector productivo cada vez más restringido, que comienza a entrar en números rojos.
Por otro lado, y como consecuencia de la acción estatal, organizaciones de derechos humanos han denunciado graves violaciones por parte de la fuerza pública, tras la declaración del «conflicto armado interno» y los continuos decretos de estado de excepción.
¿Qué hacer?
Pontón indica que Ecuador necesita «poner la casa en orden», porque el país «ha enfrentado su peor crisis de seguridad con una capacidad casi nula del Estado».
«El Estado ecuatoriano, por lo menos desde el 2017 hasta ahora, ha tendido a volverse bastante más ineficiente, bastante más débil», suma Pérez y comenta, entretanto, que el problema de la delincuencia «es una enfermedad crónica» con la cual se va a tener que «aprender a convivir».
Partiendo de ello, sugiere que hay que ubicar las zonas más conflictivas para fortalecer la presencia estatal, tanto con la Policía y las Fuerzas Armadas, como con el despliegue de las acciones sociales; segundo, diseñar, trazar y mantener políticas públicas que vayan más allá de un periodo de gobierno; y tercero, invertir en equipamiento y en capacitación, para que las fuerzas de seguridad sean competitivas, además de hacer una depuración de estas y del sistema de justicia.