El mandatario sorteó así la necesidad de presentar una ley especial ante el Legislativo para impulsar su plan de reactivación económica.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este martes que su administración alcanzó un acuerdo con el sector privado para otorgar y canalizar 55 billones de pesos adicionales (unos 13.677 millones de dólares) en créditos destinados a financiar actividades productivas, lo que hará innecesario seguir el camino de las llamadas inversiones forzosas, una propuesta que generó polémica durante las últimas semanas.
«Eso reemplaza lo que habíamos llamado ‘inversión forzosa’; es decir que no tendremos que ir al Congreso de la República para hacer una ley. Es un pacto, una concertación, un acuerdo entre el sector público y el sector privado», sostuvo el mandatario en una alocución.
Petro precisó que el monto se distribuirá progresivamente durante «los próximos 18 meses» y que una mesa con representantes del Ejecutivo y del sector privado «se seguirá reuniendo para verificar los objetivos sectoriales y que el monto del dinero efectivamente se esté trasladando a las actividades productivas de las y los colombianos».
Propuesta fallida
A inicios de agosto, el dignatario había informado que intentaría obtener recursos adicionales para fomentar la agricultura a baja escala, el turismo, la industria y las energías renovables por medio de inversiones forzosas, una modalidad legal que obliga a las entidades financieras a otorgar créditos en áreas definidas como prioritarias.
Si bien no se trataba de una iniciativa inédita, pues ya se aplica sostenidamente en el ámbito agropecuario, en esta ocasión los esfuerzos gubernamentales estarían dirigidos a los pequeños productores, así como a respaldar financieramente a otros sectores en el marco de un plan de reactivación económica.
Empero, la propuesta fue rápidamente torpedeada por los adversarios de Petro, entre ellos el expresidente Iván Duque, quien usó las redes sociales para tacharla de «despropósito» y asegurar que se trataba de un proceso de expropiación encubierta de los fondos de los cuentahabientes.
«Lo que quiere el Gobierno es obligar a los bancos a hacer inversiones en los temas en los cuales el Gobierno quiere que se inviertan los recursos, sin que tengamos claro ni cuáles son los riesgos ni cuáles son los beneficios y, sobre todo, llevar a la fuerza a que los bancos, prácticamente constreñidos, tengan que utilizar el ahorro de todos los colombianos para ese propósito», afirmó en un video aparecido en sus redes sociales el pasado 12 de agosto.
Petro tildó a Duque de «mentiroso» y procedió a aclarar que las inversiones forzosas no representaban nada de lo que afirmó.
Desde la Asociación Bancaria (Asobancaria) también expresaron reservas sobre el plan y lo calificaron de «inconveniente», en tanto «constituye un mecanismo de represión financiera que limita el crédito para otras actividades».
Con independencia de las voces en contra, el plan nunca pasó de la fase proyectiva. Incluso, de haberse consolidado, habría tenido que sortear obstáculos burocráticos en el Congreso y en el Banco de la República, instancias en las que también habría resistencia, recoge La Silla Vacía.