Texas y 15 estados gobernados por el Partido Republicano demandaron este viernes 23 de agosto a la Administración Biden-Harris por el programa ‘Keeping Families Together’ (Manteniendo a las Familias Unidas), que permite a las parejas e hijos de estadounidenses sin la documentación necesaria obtener un estatus legal en el país norteamericano.
El programa permite a los cónyuges e hijos de ciudadanos sin estatus legal ajustar su situación migratoria sin la necesidad de salir del país.
La demanda presentada este 23 de agosto —en coordinación con American First Legal, propiedad de Stephen Miller, exasistente de Donald Trump— sostiene que la normativa es violatoria de la Ley de Procedimientos Administrativos y transgrede la autoridad de los funcionarios de migración.
«La nueva solución de Biden para la libertad condicional otorga unilateralmente la oportunidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no autorizados, cuyo primer acto en suelo estadounidense fue violar nuestras leyes», alegó el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Agregó que Keeping Families Together «empeora activamente el desastre de inmigración ilegal que está lastimando a Texas y a nuestro país».
Sin embargo, The Hill señala que la afirmación de Paxton es falsa, ya que solicitar el cambio de estatus migratorio inicia dicho proceso, mientras que la ley indica que los solicitantes deben presentar datos biométricos y «someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a la investigación de seguridad nacional y pública».
Además, los solicitantes no pueden tener «antecedentes penales que los descalifiquen y, de lo contrario, no [podrán] considerarse una amenaza a la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza».
El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, sostuvo que la demanda «busca obligar a los ciudadanos estadounidenses y sus familias, personas que han vivido en Estados Unidos durante más de 10 años, a seguir viviendo en las sombras».
Asimismo mencionó que la querella pretende separar a los ciudadanos estadounidenses de sus parejas e hijos que ya son elegibles para la residencia legal permanente.
«Esta demanda va en contra de los valores de nuestra nación y defenderemos enérgicamente Keeping Families Together y nuestra capacidad para hacer que el sistema de inmigración sea más justo y equitativo», aseveró Fernández Hernández.
La Administración Biden permitirá en unos meses que los cónyuges de estadounidenses, cuya situación sea irregular, obtengan la residencia permanente y luego la ciudadanía.
Se calcula que el anuncio de la Casa Blanca, en el marco de la campaña electoral, beneficiaría a cerca de medio millón de personas.
Para tener derecho a este trámite, las personas requerirán haber vivido en EEUU durante al menos 10 años y estar casadas. También hay apoyos para niños migrantes nacidos en el país norteamericano, los llamados dreamers.
En una entrevista previa, el analista Alberto Schneider, experto mexicano en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial, dijo a Sputnik que la medida es parcial, pero útil y necesaria.
«Y también es claro que Biden busca ganar parte de cierto electorado de origen mexicano de cara a los próximos comicios», aseveró Schneider.