Simultáneamente, se declaró la competencia del Congreso «para decidir sobre la eventual sanción».
El Consejo de Estado de Colombia resolvió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para investigar las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña del actual presidente, Gustavo Petro, durante los comicios de 2022.
Con ello, el Consejo de Estado pone fin a la discusión sobre el tema. El órgano debía decidir si la competencia en esta indagación correspondía al CNE o a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia.
Así, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó, según el documento al que tuvo acceso Red Más, que el CNE es competente «para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la coalición Pacto Histórico», de la cual fue candidato el actual jefe de Estado.
Simultáneamente, el organismo declaró también la competencia del Congreso «para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, de manera autónoma y según el procedimiento contemplado». Sin embargo, la actuación del Parlamento solo se daría «cuando de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022-2026, proceda la referida sanción».
El CNE informó que aunque la decisión fue tomada el pasado 6 de agosto, solo le fue comunicada este viernes. «En ese orden, se reanudará el estudio de las actuaciones administrativas en la próxima sesión de Sala Plena», indicó la institución.
La denuncia de Petro
En mayo pasado, Petro advirtió que había comenzado un «golpe blando» en su contra, luego de que se conociera que dos magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, radicaron ante la Sala Plena de ese organismo cargos en contra de su campaña electoral.
Los magistrados denuncian que supuestamente se habrían violado los topes establecidos por ley. Según publicaron medios entonces, entre las supuestas pruebas se incluirían los aportes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera del Petróleo (USO).
En su descargo, el mandatario denunció que el organismo «vuelve irregulares» las donaciones permitidas por la ley y que los «gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña».
«Ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña, por ley, termina antes del día de elecciones», escribió entonces.