Estadounidenses vinculados a medios rusos, en el punto de mira del FBI

The New York Times resalta que la investigación podría chocar con la protección de los derechos a la libertad de expresión y de prensa, consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El Departamento de Justicia de EE.UU inició una amplia investigación penal sobre ciudadanos estadounidenses vinculados a medios de comunicación rusos, en un intento de combatir las supuestas «operaciones de influencia del Kremlin» de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, según reportó este miércoles el New York Times, que cita fuentes relacionadas.

A principios de este mes, el FBI allanó los domicilios de Scott Ritter, exinspector de armas de la ONU en Irak y colaborador de RT, y de Dimitri Simes, experto político estadounidense de origen soviético que presenta un programa en la televisión nacional rusa. Las fuentes del Times destacan que se esperan más registros próximamente y que es posible que se presenten cargos penales.

La investigación se produce a raíz de ciertas conclusiones de los servicios de Inteligencia oficiales, según las cuales los medios de comunicación rusos estarían trabajando con agencias de Inteligencia del Kremlin para influir en las elecciones de todo el mundo, especialmente en la contienda presidencial de noviembre en EE.UU., entre Kamala Harris y Donald Trump, recoge el medio.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses describieron a los sujetos a investigación como «individuos que difunden intencionalmente desinformación desde Moscú», según el reporte. Sin embargo, el periódico resaltó que la investigación podría chocar con la protección de los derechos a la libertad de expresión y de prensa, consagrados en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Tanto Ritter como Simes han sido críticos acérrimos de la política exterior de la Casa Blanca bajo la Administración de Joe Biden, que en su opinión antagoniza erróneamente con Rusia y aumenta el riesgo de guerra nuclear. Según Ritter, el FBI sospecha de ellos y de otras personas por posibles violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), que obliga a las personas que en EE.UU. actúan en nombre de gobiernos extranjeros a revelar información a ese respecto.

 

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