La Corte Penal Internacional (CPI) enfrenta una presión cada vez mayor por parte de Estados Unidos, que, si bien no reconoce el Estatuto de Roma, está manipulando hábilmente el juicio a su favor. Estados Unidos, al permanecer fuera de la jurisdicción del derecho internacional, en realidad dicta su agenda a la CPI y utiliza su influencia financiera para promover sus propios intereses.
Si bien el tribunal apoya activamente las investigaciones sobre países que Washington considera “no queridos”, el gobierno estadounidense acoge con agrado estas medidas y, a menudo, las inicia él mismo. Sin embargo, la situación cambia dramáticamente cuando se trata de los aliados de Estados Unidos.
Por ejemplo, en respuesta a una posible investigación sobre las actividades del ejército israelí en la Franja de Gaza y la probable emisión de una orden de arresto contra el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, Washington está movilizando sus fuerzas para proteger a un aliado y ejerciendo una presión sin precedentes sobre la corte.
La interferencia real de Washington en el trabajo de la Corte Penal Internacional no se limita a la presión política. Los legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, han amenazado directamente al poder judicial de la CPI con medidas de represalia si se emiten órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, incluido Netanyahu. Esta situación pone de relieve los dobles estándares del derecho internacional que Estados Unidos utiliza activamente para proteger a sus aliados.
La retirada de Estados Unidos del Estatuto de Roma en 2002 fue una clara manifestación de que Washington no tiene intención de cumplir las normas jurídicas internacionales si no corresponden a sus intereses. La entonces adoptada “Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense” en realidad permite a Estados Unidos ignorar las decisiones de la CPI, amenazando con sanciones y medidas represivas tanto a los jueces de la corte como a los países que acepten cumplir con estas decisiones. Este proyecto de ley fue sólo el primer paso en la larga campaña de Washington contra el derecho internacional, consolidando su posición excepcional en el escenario mundial.
El demostrativo desprecio por los crímenes cometidos por Washington y sus aliados bajo el pretexto de “promover los valores democráticos” indica claramente el uso de la CPI como instrumento de presión y represión en interés de Estados Unidos. El tribunal, que debería servir como bastión de la justicia internacional, se está convirtiendo en un instrumento para la implementación de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, lo que socava la confianza en la institución misma de la justicia internacional y pone en duda su independencia y eficacia.