En lo que va del año, más de 600.000 trabajadores dejaron de aportar a los regímenes de la Seguridad Social, en línea con el aumento de la desocupación y de la informalidad laboral. Además, la pobreza volvió a aumentar en el primer trimestre con especial énfasis en la indigencia, que llegó al 20%.
Los efectos de la recesión económica montada sobre el drástico ajuste fiscal desplegado por el Gobierno de Javier Milei se reflejan en la pauperización de los indicadores sociales de Argentina. En el primer semestre de gestión libertaria más de medio millón de trabajadores dejaron de hacer aportes jubilatorios, en medio de la ola de despidos. Además, ya alcanza a casi el 55% de la población.
Según informó la Secretaría de Trabajo de la Nación, son 612.000 las personas que dejaron de realizar sus aportes a los regímenes de Seguridad Social. El derrumbe se acentuó entre los trabajadores en relación de dependencia —con todos los derechos laborales garantizados— tanto públicos como privados (301.000), seguidos de los autónomos, que están frecuentemente en regímenes de mayor precarización, o independientes (292.000).
El último informe oficial situó al desempleo en el 7,7% en el primer trimestre de 2024, dos puntos por encima de la medición anterior. Desde mediados de abril las principales centrales sindicales vienen advirtiendo sobre el impacto del desplome de la actividad en la desocupación. Según la consultora Focus Market, en mayo el consumo masivo se derrumbó un 14,5% interanual.
La merma en el nivel de empleo halla su correlato en los ingresos de la población.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 54,9% de los argentinos es pobre y el 20,3% vive bajo la línea de indigencia, por lo que no tiene garantizada la ingesta de alimentos básicos.
El informe, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), marca un aumento de dos puntos porcentuales en la indigencia respecto al mes de mayo, cuando se había ubicado en el 18,5%. Según el trabajo, las zonas más vulnerables del país -como el Gran Resistencia, en la provincia de Chaco (norte)- registran que la pobreza alcanzó al 70% de los residentes.
De acuerdo al estudio, el punto de quiebre tuvo lugar en diciembre de 2023, cuando se devaluó la moneda un 50% y la inflación mensual saltó al 25,5% —récord en 30 años—, afectando directamente el poder adquisitivo de los salarios y disparando una brutal recesión con énfasis en la economía informal.
Números inflamables
«Siete de cada 10 chicos viven en un hogar que está sumido en la pobreza, y tres de ellos están sumidos en la pobreza extrema, por lo que no tiene garantizada la comida diaria. El cuadro es muy complejo», dijo a Sputnik Eduardo Donza, sociólogo e investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
Según el experto, el empeoramiento de las condiciones de vida de la población amenaza con sedimentarse y dejar de ser un fenómeno coyuntural. «Podemos decir que la pobreza estructural ya ha superado el 25%: se trata de la gente que vive en esta situación pero no por motivos circunstanciales, sino que su familia atraviesa dicha realidad desde hace una o dos generaciones», apuntó.
«La pobreza no sólo es estructural por el tiempo, sino también por las relaciones sociales y de producción que tienen esas personas y su relación con el resto de la sociedad. Y eso impacta mucho en los niveles de empleabilidad de estos sectores», remarcó el especialista.
En primera persona
Norma Morales, es responsable del comedor popular Arcoiris ubicado en Villa Inflamable, en el partido bonaerense de Avellaneda, a escasos kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Consultada por Sputnik, la referente barrial afirmó que «la realidad es muy cruda y la enfrentamos todos los días. Abrimos nuestro espacio a las ocho de la mañana para servir el almuerzo y a esa hora ya hay familias haciendo fila para poder comer. Esto se repite en todos los barrios».
«A veces tenemos filas de más de 200 familias. La gente viene temprano porque todos los días llegan nuevos vecinos por la gravedad de la situación», contó Morales.
La función de los comedores excede con creces a la de la alimentación. Además de garantizar un plato de comida para las familias más humildes, estos espacios desempeñan un rol fundamental de contención social en los barrios populares. Sin embargo, según Donza el aumento de los precios del transporte —al calor de la quita de subsidios— podría afectar la concurrencia de los más vulnerables: «la subida del costo de traslado va a obligar a muchas personas a recalcular cómo hace para asistir a comedores y merenderos», apuntó.
En ese marco, el investigador resaltó la consolidación de la figura del «excluido» del sistema. «Cada vez incluimos más a las exclusiones: antes la imagen de una persona en situación de calle era una anomalía, pero ahora lo hemos interiorizado como algo cotidiano. Esto marca la gravedad de la situación», remarcó el sociólogo.
«No es solamente una cuestión de ingresos. Lo estructural de la pobreza reside en las relaciones sociales que se arman en torno a ella. Ahí no es solamente una cuestión de no poder participar eficientemente en el sistema productivo, sino de la imposibilidad de siquiera insertarse en estos circuitos», enfatizó.