La víctima es Susana Beatriz Montoya, de 76 años, quien fue encontrada muerta en su domicilio.
El asesinato de Susana Beatriz Montoya, esposa del desaparecido militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Fermín Albareda, ha conmocionado a Argentina y desatado la preocupación de organizaciones de derechos humanos.
Montoya fue asesinada el pasado sábado en la ciudad de Córdoba. El homicidio provocó una fuerte reacción social, en vista de que la víctima también es madre de Fernando Albareda, militante de la agrupación por la memoria y justicia de las víctimas de la dictadura militar H.I.J.O.S.
Según medios locales, Albareda habría recibido mensajes intimidatorios y amenazas de diversa índole, desde diciembre del año pasado.
En algunas imágenes, que compartió el mismo Albareda, se pueden leer mensajes como: «Sos hijo de terrorista»; «te vamos a juntar con tu papito» y «se te terminaron los amigos». Esos textos empezaron a aparecer, según denunció el militante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), justo después del ascenso a la presidencia del ultraderechista Javier Milei.
En otro de los mensajes, acompañados con la esvástica nazi, los autores intimidaban a Albareda para que se abstuviera de denunciar: «A la policía no vayas más (…) ni a la jefatura. Va a morir».
El hijo de Montoya reveló que en diciembre había denunciado las intimidaciones, logró que le pusieran custodia policial a las puertas de su casa, pero la investigación «no llegó a nada». Ahora, insistió en que no cesará hasta encontrar justicia por el asesinato de su madre.
«Si me tengo que encadenar en Casa de Gobierno, lo haré», aseveró. Por el momento, las autoridades mantienen la cautela sobre el hecho mientras continúan las pesquisas.
Aparentemente, la puerta del domicilio no fue forzada y la víctima, de 76 años, fue hallada en el patio de la casa con una fuerte lesión en la cabeza.
«Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente cuando verdaderamente pasan a la acción», dijeron el domingo desde los organismos de DD.HH. de Córdoba, en un comunicado conjunto.
Tanto Milei como su vicepresidenta Victoria Villarruel niegan de manera recurrente que en Argentina haya habido 30.000 personas desaparecidas, la cifra que reivindican las organizaciones de derechos humanos.
En el país suramericano, el rechazo a ese número en realidad implica un respaldo tácito a la dictadura y un desdén hacia los colectivos que cada 24 de marzo marchan a la Plaza de Mayo para rememorar y condenar el último golpe de Estado, y exigir justicia.
Este año, el aniversario estuvo ensombrecido por el ataque que en la víspera sufrió una militante de la organización H.I.J.O.S., que fue atacada en su domicilio.