El mandatario firmó un decreto que establece los procedimientos para privatizar las empresas públicas o flexibilizar el empleo público, entre otros asuntos.
El Gobierno argentino publicó este lunes en el Boletín Oficial el primer tramo de la reglamentación de la controvertida Ley Bases, que fue sancionada por el Congreso a finales de junio tras tensas negociaciones y que es uno de los pilares del presidente libertario, Javier Milei, para reformar el Estado y desregular la economía.
Milei firmó el viernes el decreto 695, que establece los procedimientos específicos para la privatización de empresas públicas, la flexibilización del empleo público, la reorganización administrativa y la «implementación del silencio administrativo».
«Hoy el Dec 695/24 reglamentó parte de la Ley Bases; en particular aquellos aspectos que persiguen tres objetivos centrales: acelerar la motosierra, implementar un mecanismo anti-noquis en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos anti-coimas», escribió en X el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El término ‘ñoqui’ es usado de manera despectiva en Argentina para definir a las personas, muchas de ellas nombradas a dedo, que cobran sueldos del Estado y que en realidad no trabajan.
«Evitar la interferencia política»
Sturzenegger detalló de qué trata el decreto sobre esta ley aprobada en medio de la crisis de inflación, desempleo y devaluación del peso que golpea a la vida cotidiana de los argentinos. El debate y la aprobación de la normativa fue objeto de manifestaciones y una violenta represión policial en las afueras del Congreso en Buenos Aires.
Entre otras cosas, el ministro aseguró que estos cambios buscan «mejorar la calidad del empleo público, evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado».
«Hoy, siguiendo el mandato de las urnas, el Estado está en un proceso de achicamiento y ya se ha producido una reducción del empleo público de más de 20.000 agentes. Pero nunca es un mal momento para diseñar mecanismos que garanticen que los ingresos sean de personal idóneo», aseveró.
El decreto permite avanzar en la concesión o venta total o parcial de una una decena de empresas públicas, entre ellas Energía Argentina o la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE).
«El Congreso ha sido generoso en las delegaciones, ya que le permite al Estado adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos», sostuvo el ministro.