La incautación de los bienes soberanos de los Estados viola varios principios fundamentales del Derecho Internacional, opinaron para Sputnik desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esas declaraciones se producen en el marco de los intentos occidentales de confiscar los activos rusos depositados en países de Occidente.
«Entre ellos [se encuentran] el principio de igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y las violaciones graves de la inmunidad jurisdiccional del Estado, así como el derecho al desarrollo y la solidaridad internacional», precisó la Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en la realización de los derechos humanos, Elena Dovgan.
En sus palabras, desde el punto de vista del Derecho Internacional, todos los Estados son soberanamente iguales y no tienen jurisdicción sobre la propiedad estatal de otros países. Además, algunos tipos de bienes estatales, como las reservas de los bancos centrales, gozan de inmunidad.
No obstante, continuo, en los últimos años ha habido una tendencia a congelar y utilizar los recursos de los bancos centrales o empresas estatales de Rusia, Venezuela, Afganistán y Siria «ya sea aludiendo a la revocación de la inmunidad en relación con el enjuiciamiento penal, o la calificación del Estado como patrocinador del terrorismo, o el no reconocimiento de los resultados de las elecciones en el país».
«Ninguno de los argumentos expuestos tiene fundamento en el Derecho Internacional», aseguró.
En consecuencia, los Estados contra los que se han impuesto sanciones unilaterales en violación de las obligaciones internacionales pueden exigir una indemnización.
«De hecho, esto significa que los Estados cuyos derechos en virtud de los tratados internacionales han sido gravemente violados pueden recurrir a los medios internacionales de resolución de conflictos no solo para detener la aplicación del acto ilícito, sino también para exigir una indemnización por los daños que han sufrido», concluyó Dovgan.
La UE y el Grupo de los Siete (G7) bloquearon activos rusos por valor de 300.000 millones de euros desde el comienzo de la operación militar especial de Ucrania, que Rusia inició en febrero de 2022 para frenar los bombardeos de Kiev contra los civiles de Donetsk y Lugansk.
Unos 200.000 millones de euros de inversiones rusas se encuentran inmovilizados en las cuentas de Euroclear, uno de los mayores sistemas de compensación y liquidación de valores financieros en Europa, con sede en Bélgica.
En su cumbre de Italia en junio pasado, el G7 acordó proporcionarle a Ucrania para fin de año 50.000 millones de dólares en préstamos que serán reembolsados con los rendimientos de los activos congelados de Rusia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó la decisión del bloque occidental de expolio que afecta no solo a los inversores particulares, sino también a los fondos soberanos.
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que su país respondería de manera recíproca con la confiscación de los activos europeos congelados en Rusia.