Los actos serían perpetrados por docentes, autoridades escolares, conserjes y otros estudiantes.
Más de 6.000 casos de violencia sexual en escuelas se han denunciado en los últimos 10 años en Ecuador, según reporta Human Rights Watch (HRW).
«En la última década, se han denunciado 6.438 casos de violencia sexual perpetrados por docentes, autoridades escolares, otro personal escolar, conserjes y otros estudiantes, afectando a 7.303 niños, niñas y adolescentes«, señala la organización internacional.
El documento de HRW agrega que solo entre enero de 2020 y junio de 2024, los datos del Ministerio de Educación revelan 2.827 casos.
No obstante, indica que la cifra total sube a 6.516, si se toma en cuenta otras 78 denuncias hechas contra conductores de transporte escolar, señalados como agresores. Estas acusaciones fueron presentadas entre enero de 2014 y junio de 2024.
Sin progreso
La organización señala en su informe «Como poniendo parches: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas» que, en efecto, ha habido «lentos avances» para acabar con estos actos en los centros educativos del país suramericano.
«Las medidas de respuesta y prevención del Gobierno ecuatoriano no están a la altura de la urgencia y magnitud del problema, y es imperativo que cumplan su compromiso de tolerancia cero contra la violencia sexual en las escuelas», sostiene Katherine La Puente, coordinadora de la división de derechos del niño de HRW.
Aunque la organización reconoce que desde 2020, Ecuador ha tomado medidas significativas para combatir estos actos y acelerar la justicia para las víctimas, explica que muchas instituciones educativas aún no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos; asimismo, las instancias judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra los menores, lo que dificulta que las acciones sean castigadas y se obtenga reparación.
Caso relevante
HRW menciona en su informe el caso de Paola Guzmán Albarracín, por el que en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en la que responsabilizó al Estado ecuatoriano ante la violencia sexual que sufrió la adolescente en el colegio al que asistía.
«En 2001, Paola, una estudiante de 14 años de Guayaquil, fue violada y sufrió abusos sexuales durante más de un año por el vicerrector de su escuela fiscal. El personal de la escuela estaba al tanto y no hizo nada para protegerla. En diciembre de 2002, Paola se suicidó a la edad de 16 años», recuerda la organización.
Menciona que la Corte IDH concedió reparaciones a favor de la familia de la víctima y ordenó al Gobierno ecuatoriano implementar medidas para prevenir, abordar y erradicar la violencia sexual en las instituciones educativas.