El próximo 26 de septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición de 43 estudiantes.
No hay pruebas de que el Ejército haya participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las imputaciones en su contra se deben a «una venganza» de intereses extranjeros. Los que acusan a los militares son «sectarios» y quieren hacer creer que el Gobierno protege violaciones a los derechos humanos.
Estos son algunos de los argumentos con los que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió de manera incondicional al Ejército en un documento que ya provocó una fuerte polémica y que se dio a conocer a dos meses de que se cumpla el décimo aniversario de una de las causas por desaparición masiva que más ha conmocionado a este país y que ha tenido mayor repercusión internacional.
El pasado fin de semana, el diario La Jornada publicó la carta y el informe de 21 puntos que López Obrador les entregó a los familiares. Se trata del primer reporte directo de un presidente que, cuando asumió en diciembre de 2018, se comprometió a resolver la investigación y a encontrar a los jóvenes.
Pero su Gobierno terminará el próximo 1 de octubre y la investigación está empantanada precisamente porque el Ejército se niega a entregar todos los archivos que tiene sobre Ayotzinapa.
Así lo han denunciado desde el año pasado los familiares, los colectivos de derechos humanos que los apoyan y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El debate sobre el reporte de López Obrador fue inmediato y se ha replicado a diario con críticas al mandatario por defender de manera tan tajante al Ejército a pesar de que las investigaciones independientes señalan que, contrario a sus órdenes, los jefes militares no han entregado por lo menos 800 folios sobre Ayotzinapa.
La reacción que más se esperaba era la de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes el martes lamentaron el reporte de López Obrador.
«Desde su silla presidencial, sin fundamento real, intenta darnos un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio (…) usted nos ha mentido, nos ha engañado y traicionado«, reclamaron.
El escándalo sigue y tendrá un capítulo central el próximo lunes, ya que López Obrador recibirá nuevamente a los familiares. Será, también, el primer encuentro de las madres y los padres de las víctimas con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
El reporte
En el documento, López Obrador reconoce que «no hay duda» de que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 de septiembre del 2014, ya sea por omisión, ocultamiento y por la llamada «verdad histórica» que fabricaron funcionarios federales, estatales y municipales.
«Pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano», señala.
También asegura que eso ya pasó con el general Salvador Cienfuegos y con él mismo, ya que este año hubo una campaña mediática internacional que intentó vincularlo con el narcotráfico.
«En el caso de Ayotzinapa, aprovechan la actitud sectaria de organizaciones independientes o no gubernamentales, que respeto, aun cuando no a todas les tengo confianza, porque hay quienes fingen defender al pueblo, pero en realidad forman parte del entramado de poder oligárquico nacional y, sobre todo, extranjero», subraya.
Según López Obrador, los problemas en la investigación comenzaron en agosto de 2022 con la detención de Jesús Murillo Karam, el exprocurador mexicano que propagó la «verdad histórica» que construyó el gobierno de Enrique Peña Nieto para hacer creer que los jóvenes habían sido secuestrados e incinerados por el cártel Guerreros Unidos, lo que años después se confirmó era mentira.
«En vez de celebrar la detención del inventor de la llamada verdad histórica, los miembros del GIEI se inconformaron y optaron por irse, pretextando que había estado mal meter a la cárcel a este funcionario, así como a 20 militares y a 64 personas más», denunció el presidente.
Sin embargo, el GIEI, que integraban cinco expertos extranjeros, abandonó el país cuando terminó su trabajo y entregó un informe en el que advirtió la falta de colaboración del Ejército, lo que, desde entonces, les valió constantes descalificaciones por parte de López Obrador.
El «espía»
«Los abogados de los padres y algunos de ellos, a los cuales siempre les aceptamos cualquier señalamiento y hasta insultos, porque se trata de la pérdida de sus hijos, empezaron, con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos de la llamada sociedad civil, de la OEA y de la ONU, a enfocar todas las baterías en contra del Ejército«, lamentó el presidente al insistir en que los militares ya entregaron toda la documentación que tienen sobre Ayotzinapa.
Una de las sorpresas del reporte de López Obrador es que desmiente que Julio César López Patolzin, un soldado que forma parte de los 43 estudiantes desaparecidos, era un espía del Ejército en la escuela normal rural de Ayotzinapa, como se creía hasta ahora.
«No contaba con adiestramiento en materia de inteligencia militar ni mucho menos era un infiltrado, sino que se trataba de un joven que había recibido autorización de su comandancia para estudiar en la Escuela Normal para el ciclo escolar 2014-2018 como parte de su deseo de superarse y convertirse en maestro rural», explicó.
López Obrador también descartó responsabilidad alguna del Ejército en el operativo que terminó con la desaparición de los jóvenes y desconfió de la veracidad de las escuchas de la DEA que vinculan al cártel de Guerreros Unidos con el coronel Rafael Hernández Nieto, quien en ese momento estaba a cargo de la comandancia militar en Iguala.
«No obstante, los representantes de los padres y madres de los jóvenes y algunos de ellos, se niegan a casi todo; han llegado incluso a sostener que queremos proteger al Ejército y que pretendemos crear otra verdad histórica, y han recurrido a la violencia con propósitos propagandísticos», acusó.
En el peor de los casos, señaló López Obrador, puede ser que algunos militares hayan estado coludidos con narcotraficantes, o que no hicieran nada para detener la cacería contra los jóvenes y salvar sus vidas.
«Pero sobre su participación directa en este crimen, hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada«, insistió.
¿Nueva «verdad histórica»?
La difusión de la carta y el reporte de López Obrador volvió a tensar el caso Ayotzinapa, ya que, en su respuesta, los familiares recordaron que existen numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que el Ejército estaba en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de los jóvenes.
Amnistía Internacional, por su parte, consideró que el reporte representa un retroceso en el esclarecimiento del caso, al afirmar que no existen pruebas del involucramiento del Ejército. «Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué se niegan a entregar documentos cruciales?», cuestionó.
También exigió un alto a la estigmatización de los colectivos que apoyan a los padres y madres de Ayotzinapa, y a los que el presidente suele denostar.
«(Es) una nueva verdad histórica, eso sí, emitida ‘con mucho respeto por su dolor y sufrimiento’. Una cachetada en papel membreteado y con firma autógrafa«, resumió la socióloga Teresa Rodríguez de la Vega.
«Pasarás a la historia como el cómplice del Ejército criminal, serás aborrecido siempre por traicionar a Ayotzinapa. Ni perdón ni olvido», señaló en sus redes sociales la colectiva ‘Vivas Nos Queremos’.