Las autoridades recuerdan a las víctimas de la explosión en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, que dejó 85 personas asesinadas y 300 heridas.
El 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en Buenos Aires, fue escenario de uno de los ataques terroristas más devastadores en la historia del país y del continente.
Ese día, del que se cumplen 30 años este jueves, un coche bomba se estrelló contra la sede de la comunidad judía, dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Más de un cuarto de siglo después del ataque, no ha sido arrestado ninguno de los autores ni juzgado ni un solo sospechoso.
Con el correr de los años, la causa que investiga el brutal ataque se transformó en un laberinto plagado de irregularidades por parte de la Justicia, las fuerzas de seguridad, la dirigencia política y los servicios de inteligencia.
Esta jornada se llevará a cabo un acto central en la sede de la AMIA, en el cual se recordará a las 85 víctimas del atentado y se renovará el compromiso con la búsqueda de justicia. La ceremonia contará con la presencia del presidente Javier Milei, su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, además de autoridades de AMIA y funcionarios de la Nación y el Gobierno de la Ciudad.
También estarán presentes representantes de la comunidad judía y familiares de las víctimas.
Tres décadas sin culpables
El atentado a la AMIA fue el mayor ataque contra objetivos judíos ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la investigación estuvo rodeada de maniobras de encubrimiento. De hecho, fueron procesados por ese delito el primer juez de la investigación, Juan José Galeano, y el fallecido expresidente Carlos Saúl Menem, quien gobernaba el país en el momento de la tragedia.
En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que existieron acciones para impedir deliberadamente que se conozca la verdad y se haga justicia por el caso. La sentencia ratificó la culpabilidad de funcionarios judiciales, políticos y del extinto Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) por la implementación de esas maniobras.
Según el fallo, el daño cometido a la investigación ha perjudicado «de manera casi irreversible la averiguación de la verdad».
En 2006, la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA), a cargo de Alberto Nisman, responsabilizó por el atentado al grupo musulmán Hezbolá. Ese año, el juez Canicoba Corral emitió una orden de captura internacional sobre 9 iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado, y declaró al hecho como un crimen de lesa humanidad, lo que implica que el caso no prescribe a pesar del paso del tiempo. Al año siguiente se emitieron alertas rojas de Interpol sobre 5 de los 9 acusados, que todavía continúan vigentes.
En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un Memorando de Entendimiento con Irán, con el presunto objetivo de convocar a los sospechosos iraníes y avanzar con la investigación. La firma de ese acuerdo motivó la polémica denuncia que presentó Nisman en enero de 2015 contra Fernández de Kirchner y otros presuntos involucrados por un supuesto nuevo encubrimiento del atentado.
La dirigente peronista fue sobreseída en 2021 en ese expediente por «inexistencia de delito», aunque dos años después la Justicia autorizó la reapertura de la investigación, que fue apelada por la exmandataria.
No obstante, un día antes de presentar la acusación contra la exmandataria en el Congreso nacional, el fiscal Nisman fue hallado muerto en su departamento, en un aparente suicidio que despertó un sinfín de especulaciones.
Nuevas medidas
Este lunes, el Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley para promover la realización de un juicio en ausencia contra los funcionarios iraníes y libaneses supuestamente involucrados.
Asimismo, el pasado mes de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino por su responsabilidad en el atentado a la sede de la mutual israelita.
El Estado sudamericano resultó condenado por «la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento».
El de la AMIA no fue el único atentado llevado a cabo en suelo argentino. Dos años y cuatro meses antes, el 17 de marzo de 1992, un furgón cargado con explosivos se estrelló contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, también en Buenos Aires, provocando 22 muertos y 242 heridos. En esta causa tampoco hubo condenados.