Unicef recomienda a los Estados que la edad mínima de responsabilidad penal sea lo más cerca posible a los 18 años.
El Gobierno argentino ha presentado este lunes ante la Cámara de Diputados el controvertido proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, informan medios locales.
La iniciativa, que ya fue anunciada por el presidente Javier Milei bajo el argumento: «delito de adulto, pena de adulto», será debatida en comisiones y luego se someterá al pleno. En caso de ser aprobada, pasará al Senado para su ratificación o rechazo.
«El objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentesdesde los trece años de edad hasta las cero horas del día que cumplan 18 años de edad», señala la propuesta de reforma de la ley de Régimen Penal Juvenil firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
También aclara que los cambios aplicarán cuando los menores sean imputados por delitos tipificados en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.
El mes pasado, cuando anunció el proyecto, el Gobierno explicó en un comunicado que la reforma es urgente porque las estadísticas indican que «el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas», aunque hasta ahora no ha ofrecido estadísticas que validen sus argumentos.
«Resulta imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las Fuerzas Federales de Seguridad y a la Justicia a la hora de proteger a los argentinos de bien«, afirmó.
Críticas
El lunes, al confirmarse que el proyecto ya había comenzado su camino parlamentario, el debate estalló de inmediato.
«¿Ninguna ley para educar a los pibes? Sacarlos de la calle, nada»; «Es una locura»; «Nada superador, nada pensado para un futuro de grandeza», fueron algunas de las reacciones en redes sociales.
La Asociación Argentina de Magistrados y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) recordó que en 2017 y 2019 «las más oscuras voces con miradas represivas y regresivas» ya intentaron contradecir a la Constitución Nacional con este tipo de propuestas que criminalizan a los menores.
«Una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana […] una eventual reforma legislativa en materia penal juvenil no puede concebirse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que corresponden a la infancia y a la adolescencia, y sus grupos familiares», manifestó.
La iniciativa también contradice al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que recomienda a los Estados que aseguren una edad mínima de responsabilidad penal de por lo menos 14 años y lo más cerca posible a los 18.
Además, advierte que todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años deben disfrutar de la protección del sistema de justicia penal juvenil en conformidad con las normas internacionales.
«Las investigaciones han demostrado que la introducción de penas más severas en la justicia penal juvenil que no está en conformidad con las normas internacionales, no se ha traducido en una disminución de la criminalidad en esos países», explica el organismo.