En una audiencia pública marcada por una denuncia de presunta discriminación sexual, se corroboró la imputación a la política peruana.
El fiscal José Domingo Pérez confirmó este martes el pedido del Ministerio Público de Perú de 30 años y 10 meses de cárcelcontra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, por presunta organización criminal, lavado de activos, obstrucción de la justicia y falsedad genérica.
Durante la reanudación del juicio oral por el caso ‘Cócteles’, Pérez planteó nuevamente la hipótesis de que la tres veces candidata presidencial es la presunta cabecilla de la organización criminal ‘La cúpula’, infiltrada en el partido político fujimorista.
Igualmente, ratificó su solicitud de inhabilitación de 15 años y 5 meses.
La semana pasada, en la segunda audiencia pública, Pérez aseveró que «Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal» del expresidente Alberto Fujimori, «quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la justicia peruana».
¿Obscenidad en la sala?
Este martes, el fiscal anticorrupción solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional sanciones contra Giuliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, y Humberto Abanto, representante legal del coacusado Jaime Yoshiyama, por realizar gestos obscenos en presunta discriminación sexual.
La escena ocurrió el 2 de julio, precisamente cuando Pérez hizo mención del exmandatario causando molestia en la defensa. «Ha habido una falta de respeto», manifestó Pérez.
«Humberto Abanto y Giuliana Loza realizaron gestos obscenos que han quedado documentados a través de la señal de Justicia TV», enfatizó Pérez. No obstante, la letrada rechazó esta acusación. «Si alguien se siente aludido por una inexistente falta de respeto no es cuestión nuestra», dijo.