El archipiélago ya ha superado su capacidad en un 50 % y sostiene que no tiene medios materiales, humanos y financieros para atender a todos los niños y adolescentes que siguen llegando a sus costas.
La situación de la atención a los menores migrantes que llegan sin la tutela de un adulto en las Islas Canarias está desbordada desde hace meses y las autoridades de esta región ultraperiférica de España hace tiempo que han dado la voz de alarma sobre un escenario que se prevé inasumible a corto plazo.
Las siete islas que componen el archipiélago acogen en la actualidad a 5.700 niños y adolescentes, pero se prevé que su número aumente considerablemente en los próximos meses, mientras los recursos existentes ya se encuentran saturados y superan su capacidad en un 50%.
Los partidos políticos y las Comunidades Autónomas se encuentran inmersos en negociaciones para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería , con la intención de fomentar la solidaridad entre regiones y el traslado de menores a otros territorios, pero las conversaciones se encuentran encalladas.
En este escenario, los gobiernos de origen y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prevén que en los próximos meses podrían llegar hasta otras 11.000 personas, muchas de las cuales serán niños y adolescentes, como alertó el Gobierno de Canarias.
«Situación límite»
De «situación límite» describe las circunstancias actuales la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, Candelaria Delgado. «No quedan más edificaciones a las que acudir para poder alojar a niños y niñas», relató hace unos días en el Parlamento regional.
De la misma opinión es la Fundación Raíces, especializada en la atención a la infancia sin protección familiar. Su presidenta, Lourdes Reyzábal, cree que «es imposible» garantizar la protección debida a aquellos menores que llegan a territorios que por su situación geográfica se convierten en la puerta de llegada a Europa «sino es con la ayuda de todos», cuenta en entrevista con RT.
Hay 80 centros abiertos para acoger a los menores, pero hace tiempo que no son suficientes. Se están utilizando instalaciones de los ayuntamientos e incluso de la Iglesia católica y se ha pedido a la Consejería de Educación leer algunos colegios desafectados, explicó Delgado hace ya más de un mes. Incluso se han dirigido al Ministerio de Defensa para pedir que se ponga a su disposición algunas instalaciones militares que están en desuso.
Además, hace falta financiación para adecuar espacios y para atender a los niños y adolescentes. Delgado refiere que calculan un coste anual de alrededor de 150 millones de euros, mientras que el Estado, por el momento, tan solo les ha transferido 50 millones.
Modificación de la Ley de Extranjería
La solución pasa por la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería de manera que, por un lado, se impulse la solidaridad entre las distintas regionesdel país en este asunto, y, por otro, se dote de recursos a sus Gobiernos para llevar a cabo la atención que este colectivo necesita.
Reyzábal recuerda que sobre esta cuestión ya se han producido varios intentos infructuosos y que «los únicos perjudicados por la falta de acuerdo son los niños y niñas y quienes tienen encomendada su atención, que se ven sometidos a situaciones dramáticas y de enorme estrés y frustración«.
Las negociaciones continúan, pero el acuerdo no parece cercano. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, del partido regionalista Coalición Canaria (CC), inició el martes de esta semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios con el objetivo de impulsar la reforma.
El Gobierno canario quiere que se establezca un cupo concreto y transparente que permita la distribución de los menores por todo el Estado español. Ahora esa decisión recae en las Comunidades Autónomas, muchas de las cuales se han mostrado reticentes. Sin embargo, la solidaridad entre las regiones «brilla por su ausencia, incluso entre las gobernadas por las mismas fuerzas políticas», puntualiza Reyzábal.
En abril el Gobierno de Canarias y el de España alcanzaron un acuerdo a este respecto, si bien todavía quedaban algunas diferencias por pulir. Ya entonces se abrió el debate sobre si implementarlo en forma de decreto ley o de proposición de ley. El primero tiene que ser refrendado con posterioridad por el Congreso, mientras que el segundo se tramitaría en su totalidad en la cámara baja.
Si bien la reforma cuenta con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la mayoría de sus socios parlamentarios, se encuentra con dos escollos que pueden imposibilitar que vea la luz verde. Se trata del Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya, el primero es el principal partido de la oposición y el segundo es la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Si acaban sumando sus votos a los de la ultraderecha de Vox, tumbarían la propuesta. Junts no parece proseguir con ningún pacto que no conlleve una contraprestación para Cataluña, mientras que el PP de momento ha dejado este asunto en manos de sus presidentes autonómicos, ya que son quienes tienen las competencias en este sector.
Situación dramática
Pero fuera del debate político, «la situación es dramática», cuenta la presidenta de la Fundación Raíces. Así, relata que en la actualidad cientos de niños en Canarias están siendo tratados como supuestos adultos y son trasladados a la Península, porque el traslado de mayores de edad sí está recogido en la Ley de Extranjería.
En estos casos, a pesar de que los niños y adolescentes tramitan su documentación original en las Embajadas de sus países de origen, que acreditan su condición de menores de edad, «la Fiscalía sistemáticamente sigue sin dar validez a su documentación oficial, incluso cuando la apariencia física es compatible con la de un menor de edad, y dicta decretos de mayoría de edad, que convierten en adultos a cientos de niños y niñas«.
Como consecuencia, quedan «en situación de abandono en las calles de nuestras ciudades», denuncia Reyzábal, que alerta de que «lo más alarmante es que en España, la Fiscalía lleva más de 15 años tomando decisiones como esas, contrarias a más de 15 sentencias del Tribunal Supremo o más de 10 dictámenes de Naciones Unidas».
¿Arma arrojadiza en la lucha partidista?
Desde Canarias se apela a la responsabilidad de los partidos políticos, pero lo cierto es que la cuestión se está utilizando desde hace años como arma arrojadiza. Algunas formaciones, especialmente la extrema derecha de Vox, llevan años vinculando migración y delincuencia y tienen particularmente a los menores migrantes no acompañados en el punto de mira.
Así, en algunas regiones la apertura de centros residenciales dedicados a este colectivo se ha convertido en una cuestión impopular, por lo que algunos Gobiernos regionales se han mostrado abiertamente reticentes a colaborar en el abordaje de este problema.
Vox, por su parte, no trata esta cuestión como un asunto de derechos humanos de la infancia, sino como uno de seguridad pública, reiterando los discursos que vinculan a estos menores con la criminalidad y haciendo hincapié en su coste para las arcas públicas.
Menores institucionalizados
En España, el acogimiento familiar de menores prevalece por ley ante el residencial. Sin embargo, el informe ‘La acogida de menores migrantes en España’, de la Fundación por Causa, evidencia que la práctica contraviene el espíritu de la norma que vela por el interés superior del menor .
El texto sostiene que en el país existe una tensión entre «las leyes de protección a la infancia con las leyes de extranjería» .
Además, según el Observatorio de la Infancia, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030, en 2020 «los acogimientos residenciales suponen el 99,04 % del total de medidas, 11.380 frente a los 110 acogimientos familiares». Ese año los menores extranjeros acogidos en familias documentadas fueron solo 66.
La presidenta de la Fundación Raíces critica este modelo tan institucional, pero cree que el mayor problema es otro. Así, explica que en Comunidades Autónomas como la de Madrid, por poner un ejemplo, su organización ha tratado en lo que va de año con más de 130 adolescentes que, debido a los decretos de la Fiscalía, «no llegan a ser protegidos y, por tanto, no es que se produzca la institucionalización, sino el abandono absoluto de estos niños y niñas por parte de todas las instituciones que debían protegerles».
Medidas pendientes
Entre las medidas pendientes de abordar sobre esta cuestión, no solo a nivel español, sino también europeo, se encuentran la creación de un banco europeo de familias acogedoras , la creación e impulso de programas de atención a jóvenes extutelados o un plan de reagrupamiento de familiares dentro de la Unión Europea (UE).
Si el problema de la institucionalización de estos menores es patente, también lo es la situación que se encuentran una vez alcanzan la mayoría de edad: 18 años. Su situación depende de en qué territorio se encuentren, pero en la mayoría de los casos corren un grave riesgo de caer en la exclusión social, muchas veces sin que la administración haya regularizado su situación.
El sensible empeoramiento de la situación política y social en Senegal desde mayo del año pasado es una de las claves del aumento de embarcaciones que se dirigen hacia las costas canarias. En ellas cada vez hay más niños y adolescentes, si bien también comienzan a embarcarse mujeres y unidades familiares completas, según atestigua la ONG Caminando Fronteras.
Esta organización cifra en 5.054 las víctimas mortales durante las travesías marítimas para llegar a España en los primeros cinco meses de este año, entre los que había 50 niñas y niños. La ruta más mortífera es la canaria, que concentra 4.808 de esas muertes.