La Policía española no entregó todo el contenido del teléfono móvil del principal acusado, donde estarían las conversaciones mantenidas con la CIA.
La Policía de España no entregó una prueba esencial al juez que investiga el caso contra David Morales, exmilitar y responsable de la empresa que espió a Julian Assange en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres, incluidas las conversaciones del fundador de WikiLeaks con su abogado.
Se trata del archivo íntegro del teléfono Samsung S7 de Morales, utilizado para comunicarse con sus contactos en la CIA, a quienes facilitó grabaciones del interior de la embajada en la que revelaba, entre otras cuestiones, la estrategia de defensa de Assange.
Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso el diario El País, tras varios requerimientos del magistrado instructor, la Policía ha respondido que desconoce donde pueden encontrarse esos archivos. El juez Santiago Pedraz, encargado del caso, ha ordenado su recuperación inmediata.
El Ministerio Público ha protestado por la desaparición del archivo y ha emitido quejas por lo que considera cierta parálisis producida por la exasperante lentitud de la fuerza policial en el análisis de los elementos intervenidos.
Pedraz ha citado a los agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia para que comparezcan en el juzgado con la finalidad de realizar una copia de los ficheros del teléfono móvil en su presencia.
La incógnita de la desaparición del Samsung S7
El Samsung S7 G930F de Morales fue el objetivo principal de los agentes cuando se llevó a cabo el registro de su vivienda y oficinas en Jerez de la Frontera, al sur de España, en septiembre de 2019. Había sido configurado específicamente para comunicarse con la CIA, según aseguraron varios testigos protegidos.
Sin embargo, tras los allanamientos, los policías entregaron al juez los archivos completos del resto de dispositivos hallados, salvo el del teléfono. En concreto, falta el archivo donde se encontraban las conversaciones mantenidas a través de las aplicaciones WhatsApp, Signal, Telegram, Proton Mail y Skype.
Según la Policía, el Samsung S7 fue el único dispositivo del que se extrajo la información durante el registro.
La defensa de Assange señala que el archivo subido por la unidad policial a la nube, donde se descargan las pruebas obtenidas, no proviene de la máquina de volcados forense UFED Touch, como sí sucede con el resto de dispositivos incautados, sino de un ordenador personal.
La clave del teclado
Los peritos han logrado recuperar parcialmente algunas conversaciones de Morales sobre la embajada ecuatoriana, la CIA y Assange. Lo han hecho gracias a que el Samsung S7 tenía un teclado alternativo externo que registra las palabras que se escriben en el dispositivo.
Sin embargo, esas conversaciones no se encuentran registradas en ningún otro lugar, debido a la desaparición de la carpeta del teléfono móvil que contenía los registros de las conversaciones de las aplicaciones de mensajería.
Se trata de la segunda vez que la defensa de Assange descubre que la Policía no había entregado toda la información pertinente de los dispositivos de Morales al juez. El año pasado, un nuevo volcado del ordenador del acusado reveló 213 gigas de información que el instructor no había recibido, incluida una carpeta denominada ‘CIA’ donde se encontraban imágenes y audios de las grabaciones ilegales realizadas en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres.
David Morales era dueño de la compañía UC Global S.L., la empresa encargada de la seguridad de la embajada en la que se encontraba asilado Julian Assange (2012-2019), circunstancia que aprovechó, según las acusaciones, para obtener información ilegal y vendérsela a la CIA.
Sus trabajadores grabaron audios y videos a través de dispositivos ocultos en el interior de la sede diplomática ecuatoriana, incluidas las conversaciones de Assange con su defensa y con el resto de visitantes que recibía. Tras la querella del activista australiano, la Audiencia Nacional de España investiga a Morales por violación de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida y blanqueo de capitales.