El presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, aseveró que «nada retrocederá los derechos ya garantizados» y tampoco «avanzará nada que pueda perjudicar a las mujeres».
La semana pasada, con la mayoría conservadora de la Cámara Baja, los legisladores acordaron acelerar la tramitación del proyecto de ley, que busca alterar el Código Penal para establecer penas de cárcel de entre 6 y 20 años, incluso en casos de embarazo tras una violación.
Carácter de urgencia
Una de las fuertes críticas ha sido el carácter de urgencia establecido y que suponía que la propuesta no necesitaba ser debatida por comisiones y pasaba directamente al Plenario.
Sin embargo, el martes, Lira dio marcha atrás y anunció la creación de una comisión representativa para involucrar a la sociedad. Según él, esto se hará a través de un debate «amplio», con una percepción clara de «todas las fuerzas políticas, sociales» y de interés del país.
El presidente de la Cámara también aseguró que «nada retrocederá los derechos ya garantizados» y que «no avanzará nada que pueda perjudicar a las mujeres».
Las críticas contra el proyecto fueron tan duras que el propio autor, el diputado Sóstenes Cavalcante, aseguró que está dispuesto a retirarlo si el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) desistía del recurso presentado ante la Corte Suprema.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, consideró el proyecto «un retroceso» que no debería haber llegado al Congreso.