BUENOS AIRES — El Senado argentino sancionó el miércoles por 36 votos positivos y 36 negativos, con un desempate que resolvió a favor la vicepresidenta Victoria Villarruel, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
«Mi voto es afirmativo», anunció la vicepresidenta y presidenta del Senado a las 23.20 hora local (02.20 GMT del jueves) al dar el voto definitorio para la aprobación, en lo general, del proyecto insignia del actual gobierno que estipula una desregulación profunda de la economía y que incluye un paquete de reformas fiscales.
Tras una jornada convulsa por incidentes que hubo alrededor del Palacio Legislativo, en el marco de una movilización convocada por movimientos sociales, sindicatos, partidos de izquierda y asambleas barriales, la cámara alta sancionó en términos generales la normativa y concretó la primera victoria parlamentaria del Gobierno que preside Javier Milei en sus seis meses de gestión.
La violencia que se generó alrededor del Parlamento en la tarde del miércoles, con enfrentamientos entre las Fuerzas federales de Seguridad y un grupo de manifestantes desgajado del grueso de la movilización, eclipsó el debate en el plenario, que se extendió por más de doce horas, y que ahora continuará con la votación título por título.
La coalición gobernante, La Libertad Avanza, dejó varias pretensiones por el camino para lograr la sanción de la ley, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina.
De esta manera, solo podrán pasar a manos privadas Energía Argentina, que cubre toda la cadena de valor vinculada con la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los hidrocarburos, e Intercargo, que brinda en las terminales aeroportuarias los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso.
En simultáneo, podrán ser privatizadas de manera parcial o ser concesionadas Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas, que opera los servicios ferroviarios de tres líneas; Corredores Viales, que gestiona la infraestructura y el tránsito de las carreteras, autopistas y autovías concesionadas, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), que presta servicios ferroviarios con distintos ramales a su cargo.
Tras cinco meses de discusión parlamentaria, el oficialismo también resignó en el último momento la posibilidad de disolver organismos culturales, así como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En paralelo, el Gobierno de Milei aceptó cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros durante 30 años para atraer proyectos que superen los 200 millones de dólares.
En concreto, se acotó su alcance a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología, y se estableció el requisito de contratar proveedores locales por una cantidad equivalente, al menos, al 20 por ciento de la inversión realizada.