Estas entidades recibieron 623.782 consultas entre enero de 2020 y octubre de 2023, alcanzando a más de 340.000 personas en todo el país.
La administración de Javier Milei anunció este lunes el cierre de 81 oficinas del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) en toda Argentina, entidades que brindan servicios de atención legal primaria gratuita, como parte de su política de recorte del gasto público.
La información fue confirmada a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, en el que la entidad señala que se cerrarán los CAJ después de haber hecho una auditoría a estos centros desde diciembre pasado y concluir que «brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias».
«El Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones«, dice el texto.
Según el Ministerio de Justicia, estos centros le costaban al erario público más de 8.000 millones de pesos (8,8 millones de dólares) por año.
Para esta administración, es «injustificable» la financiación de más oficinas, tomando en cuenta que los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, del Defensor del Pueblo y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos.
Los CAJ
Los CAJ, de acuerdo con la propia página web del Ministerio de Justicia, son oficinas que brindan servicios de atención legal primaria gratuita; y están destinadas a orientar, asesorar y ayudar a personas con dificultades para acceder a sus derechos. Entre enero de 2020 y octubre de 2023 recibieron 623.782 consultas, alcanzando a más de 340.000 personas en todo el país.
Entre los principales temas de consulta estuvieron el acceso a la documentación personal y certificaciones, lo referido a planes o programas sociales y prestaciones de la seguridad social y las relaciones de familia, principalmente conflictos por el incumplimiento de la cuota alimentaria.
Reacciones
Trabajadores de estos centros iniciaron la recolección de firmas en defensa de los CAJ. «Ni un despido ni un cierre. El acceso a la justicia y a los derechos se defienden«, dicen.
«Los CAJ, que el gobierno hoy ordenó cerrar, son el canal de llegada institucional en materia de información jurídica primaria. No son cajas, es el fin y la obligación del Estado hacerlo. Seguro que la harán los grandes estudios jurídicos ¿no?», se quejó, a través de X, Natalia Salvo, abogada laboralista y presidenta de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio.
Por su parte, otra usuaria de la misma red social, identificada como Ana Correa, opinó que los CAJ «permitieron rescatar víctimas de trata, salvar vidas a niños y mujeres, lograr que vayan a la escuela chicos que por no tener DNI (Documento Nacional de Identidad) no estaban escolarizados. Lo venden como un logro, y mienten. Es aberrante».