En ocho provincias se suspendió el servicio de alimentación a los privados de libertad desde el pasado 1 de mayo.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador emitió el miércoles un pronunciamiento en el que informó que entre el 9 de febrero y el 7 de marzo de este año se registraron 24 fallecimientos de presos en cárceles de todo el país, que actualmente se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas.
El organismo informa que los fallecimientos se dieron en algunos casos por causas naturales y en otros por muertes violentas, «con indicios de presunta tortura», y señala que también que «existen alertas del deceso de personas privadas de libertad con signos de desnutrición».
La Defensoría indica que está realizando el monitoreo de la situación de falta de provisión de alimentos en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo, en las cuales se suspendió el servicio de alimentación desde el pasado 1 de mayo.
La institución exhorta al Gobierno a garantizar la vida e integridad de los reos, a la Fiscalía a realizar las investigaciones correspondientes y al Ministerio de Economía a garantizar los recursos para la alimentación de los presos en todo el país.
El pronunciamiento fue emitido después de que un juez ordenara a la Defensoría investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos, interpuestas por organizaciones no gubernamentales tras la militarización de las prisiones ordenada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
Esa militarización se produjo en el marco de los tres estados de excepción que Noboa decretó desde comienzos del año con el objetivo de luchar contra las bandas criminales, tras denominarlas de terroristas y calificar la situación de «conflicto armado interno».