Desde 2015, decenas de funcionarios de la CPI, incluidos fiscales jefes, han sido objetos de seguimientos periódicos, revela una investigación periodística.
Durante nueve años, los servicios de inteligencia israelíes han llevado a cabo una operación masiva de vigilancia encubierta con la que intentan ahora interferir en las labores de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, a fin de obstruir las investigaciones sobre las acciones de Israel en los territorios palestinos. Así se desprende de una investigación conjunta publicada el 29 de mayo por +972 Magazine, Local Call y The Guardian.
La operación, en la que han participado los más altos poderes del Estado y los sistemas jurídicos civil y militar del país hebreo, comenzó supuestamente en 2015. Desde entonces, decenas de funcionarios de la CPI y de la ONU han sido objeto de seguimientos periódicos. Entre ellos, el actual fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, quien recientemente solicitó al Tribunal que emitiera órdenes de detención contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, en relación con presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Además de miembros de organizaciones palestinas de derechos humanos, también estuvo bajo vigilancia la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, quien en 2015 decidió investigar preliminarmente la situación en Palestina, en el marco de una evaluación inicial de las acusaciones de crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.
Los autores de la investigación periodística se remiten a entrevistas con más de dos docenas de funcionarios y exfuncionarios de los servicios israelíes de inteligencia, así como personal de la CPI, diplomáticos y abogados. La publicación subraya que Israel ha librado una «guerra» secreta contra el tribunal durante casi una década, lo que ha incluido ataques de piratería informática.
Según las fuentes, el principal objetivo de esta «guerra» es permitir a los militares israelíes «abrir investigaciones con carácter retroactivo» sobre presunta violencia contra los palestinos, a fin de ampararse en el «principio de complementariedad». Según ese principio, la CPI no debe considerar un caso si ya está siendo investigado a fondo por un Estado con jurisdicción sobre los posibles delitos.
The Guardian informó recientemente que Yossi Cohen, exjefe de la agencia de espionaje israelí Mossad, dirigió personalmente una campaña «de casi una década» para socavar la investigación que inició Fatou Bensouda acerca de los crímenes de guerra de Israel en Palestina, en un intento de forzarla, mediante amenazas, a abandonar sus pesquisas.