Los gobiernos de la región consideran que el ataque viola el derecho internacional humanitario y las medidas impuestas por la Corte Internacional de Justicia a Tel Aviv.
Distintos países de Latinoamérica condenaron este lunes los bombardeos de Israel contra un campamento de desplazados palestinos en la ciudad de Rafa, hecho que dejó el pasado domingo un saldo de al menos 35 fallecidos y decenas de heridos.
El Gobierno de Cuba a través de su canciller, Bruno Rodríguez, condenó la masacre y calificó el hecho como un «criminal ataque» de las fuerzas israelíes contra la población palestina.
Rodríguez indicó que la acción militar de Israel viola el derecho internacional humanitario, así como el mandato de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el Gobierno israelí por sus acciones en la Franja de Gaza.
«Esta masacre atroz de decenas de refugiados evidencia (la) impunidad con la que Israel perpetúa su genocidio contra el pueblo palestino», agregó el canciller cubano.
Por su parte, Colombia condenó también los ataques aéreos israelíes contra el campamento de refugiados en el barrio Tel al Sultan, al noroeste de Rafa. De igual forma, deploró «los ataques por parte de Hamás al centro de Tel Aviv», la capital de Israel.
El gobierno de Gustavo Petro recordó que la situación en Gaza ha acabado con la vida de más de 35.000 personas, por lo que reitera su exigencia de cese inmediato al fuego y de manera definitiva.
Por su parte, el Gobierno de México condenó el bombardeo y reiteró «la importancia de cumplir con las normas del derecho internacional humanitario«.
En ese sentido, llamó a que se concrete el cese al fuego, y a dar cumplimiento de las medidas dictadas por la CIJ, «para permitir así un arreglo político y el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza».
Igualmente, Chile condenó «enérgicamente el ataque indiscriminado» de las fuerzas de Israel, que causaron la muerte de decenas de personas, incluyendo a mujeres y niños.
La Cancillería chilena indicó que Israel debe cumplir con el derecho internacional humanitario para la protección de civiles, y con las medidas provisionales dictadas por la CIJ, especialmente, la de detener las acciones militares en Rafa.
Situación en Rafa
A inicios de mayo, Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés), advirtió que una posible ofensiva israelí en Rafa podría provocar la muerte de cientos de miles de palestinos y poner en peligro las operaciones humanitarias en la región.
Hasta mediados de mayo, unos 450.000 palestinos habían sido desplazados por la fuerza de Rafa, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés).
Volker Türk, jefe de Derechos Humanos de la ONU, expresó este lunes su horror por la nueva pérdida de vidas civiles en Rafa. Además, dijo que estas acciones deben ser revisadas para conducir a una «rendición de cuentas», así como «a cambios en las políticas y prácticas» por parte de Israel.
«Las imágenes del campo son horribles y no indican ningún cambio aparente en los métodos y medios de guerra utilizados por Israel, que ya han provocado tantas muertes civiles», afirmó Türk.
Entre tanto, Israel justificó el bombardeo en Rafa, al decir que tenía como blanco una supuesta zona controlada por milicianos de Hamás.
Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien a finales de abril dijo que entrarían en Rafa y eliminarían allí a «los batallones de Hamás, con o sin acuerdo, para lograr la victoria completa», expresó este lunes que en la acción militar del domingo se había cometido un «trágico error», según informó