París, 27 mayo. La Asamblea Nacional de Francia acoge hoy el primer debate del proyecto de ley promovido por el gobierno sobre la “ayuda a morir” para pacientes en fase terminal, iniciativa con un largo camino legislativo por delante.
Hace nueve días fue aprobado en comisión de diputados el principal artículo del texto, que refleja la autorización a acudir a una sustancia letal bajo determinadas condiciones para poner fin a la vida, aunque esa instancia sustituyó el requisito de «un pronóstico vital comprometido a corto o mediano plazo” por el de “en fase avanzada o terminal”.
El proyecto utiliza el término “ayuda a morir”, en lugar de suicidio asistido o eutanasia, sobre la base de criterios estrictos, ante la condición citada y en caso de que el sufrimiento sea refractario (imposible de controlar con el individuo consciente).
La norma propuesta cuenta con tres partes, la primera consagrada a los cuidados paliativos, la segunda a los derechos de los pacientes y del personal de salud y la tercera a la ayuda a morir.
El presidente francés, Emmanuel Macron, precisó en marzo las condiciones y las características para establecer en el país la eutanasia, la que se aplicaría a adultos con capacidad de discernir afectados por una enfermedad incurable.
Macron advirtió entonces que se excluyen del procedimiento los menores de edad y las personas con problemas psiquiátricos o neurodegenerativos, que les impiden decidir.
Asimismo, expuso el objetivo de ir en Francia más allá de la actual ley Claeys-Leonetti, considerando casos como los de personas con un cáncer terminal, quienes optan por viajar al extranjero “para ser acompañados” hacia la muerte.
De cara al inicio de los debates en la Asamblea Nacional, la ministra de Salud Catherine Vautrin calificó de equilibrado el texto y señaló que la apuesta del gobierno es para que los cuidados paliativos lleguen a todo el mundo.
Nadie en Francia debería acudir a la ayuda a morir por falta de la atención paliativa, dijo en la cadena BFM TV.
Las discusiones en la cámara baja durarán dos semanas, con un voto solemne previsto el 11 de junio, después del cual la iniciativa será enviada al Senado, donde pudiera analizarse para el otoño.