Organizaciones de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay plantearon una queja contra la multinacional alemana ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Decenas de investigaciones demostraron el daño a la salud humana y al medio ambiente.
Por primera vez, organizaciones de la sociedad civil de Sudamérica y Europa llevan en conjunto una denuncia contra una multinacional, en este caso la empresa alemana Bayer/Monsanto, acusada de contaminar con agrotóxicos a decenas de comunidades campesinas e indígenas de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. En los últimos 20 años se reportaron en esta región miles de casos de personas afectadas en su salud, así como campos de cultivo y ríos cercanos dañados por la fumigación con pesticidas.
La queja contra Bayer fue presentada ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual tiene tres meses para evaluar si acepta este caso. De no obtener una respuesta favorable, las organizaciones demandantes analizan otros posibles escenarios de litigio internacional.
«Vemos que el modelo de agronegocio implica el corrimiento de la frontera agrícola, lo cual causa graves violaciones a los derechos humanos», contó a Sputnik María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina:
Investigaciones de las organizaciones denunciantes evidenciaron que más del 60% de sus tierras agrícolas se destinan a este cultivo, que es transgénico en un 90%. Estos eventos son fumigados con glifosato, un agroquímico cancerígeno.
El documento presentado a la OCDE recopila casos de las naciones afectadas. Para Venancio, se trata de «casos testigos, porque los patrones característicos se repiten en los cuatro países, así como en la totalidad de la región».
Los casos
El CELS acompaña el caso de Sabrina Ortiz y su familia, quienes vivían en Pergamino, provincia de Buenos Aires, a 232 kilómetros de la capital. En 2011 comenzaron en su casa los problemas de salud respiratorios, como consecuencia de las fumigaciones en el terreno lindero.
Los análisis demostraron que ella y sus hijos tenían altos porcentajes de glifosato en la orina. Tuvieron que mudarse por orden médica.
Este caso generó repercusiones. En 2019 se prohibió fumigar a un kilómetro de la zona urbana de Pergamino, y a una distancia de tres kilómetros si se trata de fumigaciones aéreas.
También fueron procesados tres productores rurales por contaminación del medio ambiente, así como dos funcionarios municipales por no efectuar los controles necesarios.
Una situación similar se registró en Colonia Yeruti Ñu, a unos 212 kilómetros de la capital de Paraguay. En el 2011, varios vecinos fueron internados por intoxicación con agrotóxicos, incluso uno de ellos falleció, Rubén Portillo. Del mismo modo resultaron afectados las y los comunarios de la Colonia Yvype, a 245 kilómetros de Asunción.
Ambas comunidades tienen el asesoramiento legal de la Base de Investigaciones Sociales (Base-IS) de Paraguay.
En Brasil, las denuncias (que acompaña Terra de Direitos) están centradas en el estado de Paraná, puntualmente en los municipios de Guairá y Terra Roxa, por el uso de plaguicidas cerca de comunidades del pueblo Avá-Guaraní.
Las familias indígenas no pueden vivir de acuerdo a sus costumbres, ya que los ríos, los suelos y los animales están contaminados.
Terra de Direitos informó que las y los comunarios de esta zona caen frecuentemente enfermos, con vómitos, dolores de cabeza, dificultades para respirar, incluso en ocasiones las embarazadas sufren abortos espontáneos.
Deforestación en Bolivia
En el caso de Bolivia, la Fundación Tierra resaltó los altos niveles de deforestación que acarrea el cultivo de soja, lo cual sitúa el país a la cabeza de países que pierden coberturas selváticas.
Irene Mamani, investigadora de la Fundación Tierra, contó a Sputnik que en varias ocasiones los gobiernos locales y nacionales favorecieron el desarrollo de los agronegocios. Pero en Bolivia la multinacional cuestionada obvió algunos pasos para cultivar soja transgénica en la región oriental.
«Desde un inicio han vulnerado las normativas nacionales para el ingreso de la soja OGM (Organismo Genéticamente Modificado). Bayer/Monsanto instaló el modelo sojero boliviano siguiendo pasos irregulares e inconclusos», relató.
Si la OCDE da lugar a esta queja regional, Bayer debería sentarse a dialogar con las organizaciones denunciantes: «Queremos exigirle que sus políticas empresariales se ajusten al marco normativo sobre derechos territoriales, humanos y ambientales. El modelo sojero del cual ellos participan funciona a costa de la destrucción de bosques», sostuvo Mamani.
La investigadora comentó que existen otras instancias para llevar este reclamo, en caso de que lo escuche la OCDE. «Hay otros espacios para formular reclamos en el marco de la ONU.
Los hechos que denunciamos están respaldados con evidencias y documentaciones. Sin embargo, no está en nuestros planes tocar otras puertas».
Y resaltó que con la queja ante la OCDE se logró el objetivo de poner en debate la cuestión de la afectación por agrotóxicos en poblaciones de Sudamérica.
Dos organizaciones que apoyan desde Europa, Misereor y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), destacaron que los agrotóxicos en cuestión están prohibidos en ese continente, pero siguen contaminando a familias campesinas e indígenas de América Latina, así como sus territorios.
«Es la primera vez que se cuestiona a Bayer/Monsanto desde América Latina. Si bien esta empresa históricamente ha sido señalada por operar de mala fe, las denuncias siempre han venido de otros lugares, hasta de Estados Unidos», pero nunca desde esta región, valoró Mamani