Estudiantes normalistas realizaron la acción tras conocerse que ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa salieron de prisión.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el lanzamiento de petardos el lunes contra el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, fue «una provocación» por parte de un grupo de estudiantes y maestros.
«Vinieron un grupo de estudiantes y maestros, quienes posiblemente no son ni estudiantes ni maestros, a tirar bombas aquí, al Palacio, y se fueron», comentó en su habitual rueda de prensa.
Asimismo, consideró que tenían «el afán de provocar» para ver «si eran reprimidos». «Entonces tienen elementos para acusarnos de represores. Todo esto en víspera de las elecciones», añadió.
«Nada más vinieron en tres camiones, tiraron las bombas y se retiraron», detalló López Obrador.
Libertad provisional
La prensa informó el lunes que estudiantes normalistas de Ayotzinapa llevaron a cabo la acción tras conocerse que ocho militares acusados de delincuencia organizada en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en 2014, salieron de prisión del Campo Militar 1-A para llevar su proceso en libertad.
Según una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México, al menos 26 uniformados resultaron lesionados en este hecho.
«Yo quiero aquí agradecerles mucho a los policías, mujeres y hombres, que resultaron heridos. Afortunadamente con heridas no graves», destacó el mandatario.
El Palacio Nacional, donde también reside el mandatario, estaba rodeado este martes con vallas de más de tres metros de altura. El diario El Universal señaló que se han blindado prácticamente todos los accesos del recinto.
La semana pasada, la jueza Raquel Duarte Cedillo, adscrita al circuito judicial de Toluca, desestimó los señalamientos de «riesgo alto» de fuga de los ocho militares como alegó la Guardia Nacional.
Asimismo, estimó que la prisión preventiva no era ni idónea ni necesaria ni proporcional y la reemplazó con una liberación condicionada que implica el pago de una garantía de 100.000 pesos (cerca de 6.000 dólares), la comparecencia en el juzgado cada 15 días, la entrega de pasaportes, la prohibición de salida del país y el impedimento de tener contacto con víctimas o testigos del caso.