Roma, 9 mayo. Italia es escenario hoy en una fuerte batalla política en torno a la propuesta, presentada por la primera ministra, Giorgia Meloni, de una reforma constitucional que prevé, entre otros puntos, la elección directa de ese cargo.
Un reporte divulgado por el diario Corriere della Sera, destaca los criterios defendidos la víspera por Meloni en una intervención ante el Parlamento donde señaló que el primer objetivo de esa iniciativa, conocida como Premierato, “es garantizar el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes”.
De esa manera, según dijo, se pondría fin “a la temporada de gobiernos técnicos, de reveses, a la temporada de mayorías arcoíris que no tienen correspondencia con el voto popular”.
Sin embargo, los líderes opositores refutan tal argumento, entre ellos la presidenta del Partid Democrático (PD), Elly Schlein, quien aseveró que la jefa de Gobierno “trata de desmantelar las instituciones italianas”.
Schlein refirió que tal reforma constitucional constituye de hecho ataque a la figura del presidente de la República, quien será incapaz de ejercer sus funciones, sin la posibilidad de participar directamente en los nombramientos ni de disolver las cámaras, por lo que pasaría “a ser un notario”.
Asimismo, en el texto se propone la eliminación del nombramiento de senadores vitalicios, pero conservando como tales solo los actuales, así como los expresidentes de la República.
La primera ministra planteó como segundo propósito principal, lograr con la elección directa de su cargo, que quien gobierne lo haga con un mayor horizonte legislativo, con tiempo para impulsar su programa, para construir estrategias, lo que fortalecería la credibilidad de su gestión ante los ciudadanos y en el plano internacional.
El discurso de la mandataria durante la conferencia sobre “La Constitución de todos: Diálogo sobre el cargo de primer ministro”, realizada el miércoles último en la Cámara de los Diputados, coincidió con la introducción en el Parlamento de esta propuesta de reforma a la Carta Magna, para su discusión y aprobación.
Con el propósito de obstaculizar el avance de esta iniciativa los partidos opositores presentaron más de tres mil enmiendas a la misma, así como una amplia movilización popular en rechazo a ese proyecto, que incluye entre sus acciones la convocatoria a una masiva manifestación nacional el próximo 2 de junio.
Por tratarse de una reforma constitucional, en su aprobación se requerirá del voto favorable de dos tercios de los parlamentarios, y en caso de no contar con ese margen, para su ratificación se prevé la realización de un referendo popular.