Estados Unidos retrasa el informe donde se detalla si Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza

Para este miércoles debía emitirse el documento del Departamento de Estado sobre el cumplimiento del derecho humanitario internacional por parte del Gobierno israelí.

El Gobierno estadounidense ha retrasado la emisión de un informe en el que se comprometió a determinar si Israel ha cometido crímenes de guerra en su operación en la Franja de Gaza, informa Politico al citar a cuatro fuentes del Congreso.

Previsto para ser divulgado el miércoles, el documento, sobre el cual ha trabajado el Departamento de Estado durante meses, se centraría en violaciones del derecho internacional que, de ser confirmadas, inducirían a Washington a suspender su asistencia militar al Estado hebreo.

Tres ayudantes del Senado y uno de la Cámara de Representantes informaron que la Administración Biden había notificado al Congreso, en un correo electrónico, que el informe «se retrasa brevemente», sin dar razones ni fijar un plazo.

Un alto funcionario gubernamental, que habló en anonimato, estimó una demora de «menos de una semana». Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a reporteros el martes que el plazo límite había sido autoimpuesto y no era obligatorio.

El aplazamiento del informe tiene lugar en medio de los ataques israelíes a la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja, donde se refugian cerca de 1,4 millones de palestinos. El lunes, el presidente Biden manifestó su oposición a esa operación en una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La semana pasada, decenas de demócratas del Congreso urgieron en una carta a la Casa Blanca a reconsiderar su asistencia militar a Israel, argumentando que el aliado restringe los esfuerzos humanitarios dirigidos a la Franja, encabezados por EE.UU., agravando el desastre humanitario en el enclave palestino.

La ley Leahy, de 1997, prohíbe que la ayuda exterior de EE.UU. y los programas de capacitación del Departamento de Defensa vayan a unidades de seguridad, militares y policiales extranjeras acusadas de presuntas violaciones de derechos humanos.

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