La Fiscalía señala al presidente de promover actos de violencia en contra de su titular, María Consuelo Porras.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional a la fiscal general de ese país, Consuelo Porras, para evitar su destitución luego de que solicitara días atrás ese recurso legal aludiendo que el presidente Bernardo Arévalo promovía acciones de violencia contra la funcionaria.
Tras el anuncio de esta medida, Arévalo manifestó en un video publicado en sus redes que el Congreso ya tenía en sus manos la iniciativa propuesta por él para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, lo que «abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas» y «sea removida de su cargo». El mandatario señala a Porras de corrupción y conspiración para derrocarlo.
Para sacar su reforma adelante, se necesitan al menos 106 votos de los 160 diputados del Congreso. En 2016, la Ley Orgánica del Ministerio Público fue reformada con 140 votos a favor para que el jefe del Estado no pudiera cesar al fiscal general, salvo varias excepciones.
La Fiscalía basó la petición de amparo en la «amenaza real, cierta e inminente» de que el presidente promueva medidas «que incitan a la violencia y que pueden desembocar en atentados» contra Porras. Además, considera que sus acciones buscan «alterar la seguridad democrática del país».
- La fiscal general jugó un papel controvertido durante las elecciones generales de 2023, que le valió sanciones en decenas de países y estuvo a punto de dar al traste con la transición presidencial, siendo acusada por Arévalo de intentar dar un golpe de Estado.
- Porras, que lleva casi seis años en el cargo, también es una «gran amiga» del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei y ha sido señalada de no investigar posibles actos de corrupción de la pareja del exmandatario, Miguel Martínez.