En los últimos días ha habido una lluvia de acusaciones y recriminaciones contra diputados y miembros del Gobierno de Gustavo Petro.
La consejera presidencial para las regiones de Colombia, Sandra Ortiz, renunció a su cargo, según informó este lunes, en medio de un escándalo de corrupción que ha salpicado a varios funcionarios y congresistas por las presuntas irregularidades y sobornos en la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira.
Ortiz y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, han sido señalados de estar vinculados con ese caso, por lo que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, les pidió la renuncia el pasado viernes durante un evento público en la localidad de Palermo (Huila).
La información fue confirmada en un comunicado —emitido por la Presidencia y que difundieron los medios locales— donde se ratifica la renuncia de Ortiz y se manifiesta que Idárraga se mantendrá en sus funciones.
La funcionaria saliente, luego de anunciar que esperaba reunirse este lunes con el mandatario, publicó en X que «después de una cuidadosa reflexión» decidió renunciar a su cargo.
La dimisión de la consejera presidencial
«Doy un paso al costado con la satisfacción del deber cumplido y la confianza en que la verdad siempre triunfa», escribió Ortiz en sus redes.
En la interacción incluyó la copia de la carta dirigida a Petro donde expresa su decisión de apartarse del cargo y en la que dice que su resolución tiene como «propósito evitar cualquier interferencia en los procesos y el desarrollo adecuado de las acciones del Gobierno». Además, acusa a los medios de generar un «espectáculo» con la finalidad de desprestigiarla.
Ronda de acusaciones
La prensa colombiana ha reseñado con profusión un escándalo de corrupción que involucraría a varios funcionarios públicos y parlamentarios con sobornos e irregularidades en la compra de 40 carrotanques.
A finales de febrero, Idárraga denunció penalmente al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, por la adquisición de los vehículos.
Con respecto a Ortiz, el exsubdirector de la UNGR, Sneyder Pinilla, la responsabiliza de haber sido su intermediaria para sobornar a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para agilizar en el Congreso las reformas propuestas por Petro, que fueron archivadas por este periodo legislativo. El dinero para pagar las coimas habría sido facilitado por la contratista que vendió los carrotanques, según su versión.
Hasta el momento, este escándalo ha dejado un saldo de tres salidas: Ortiz, Pinilla y López.
Según el propio Pinilla, un total de 15 congresistas estarían implicados en el caso, así como otros miembros del Gabinete.